Hoy, en TUHISTORIA, nos acercamos a los 100 años de una fecha que es parte de nuestra identidad, seamos o no católicos. En unas semanas podremos, quizás, no solo voltear la vista atrás para conmemorar (recordar solemnemente algo o a alguien, en especial con un acto o un monumento), sino también para mirarnos a nosotros mismos en el presente y reconocer a todos aquellos que, por aquel entonces, dieron parte de sus vidas, o toda, por la libertad constitucional espiritual.
Esto nos lleva a seguir defendiendo que, en México, con un 78% de católicos en una población de casi ya 133 millones de habitantes, se defiende en estos momentos constitucionalmente la libertad espiritual, sea cual sea la creencia. ¿Esto ha sido siempre así? La respuesta es rotunda: no.
En el inicio del propio México independiente, la advertencia de Agustín de Iturbide advertía que «empezaron a fomentar dos partidos irreconciliables que se conocieron después con los nombres de republicanos y borbonistas» (1823). Dos años después, mediante Joel Roberts Poinsett —diríamos hoy Ministro de Asuntos Exteriores o Embajador de EEUU en México— en su carta dirigida a Rufus King, sumó la pretensión y acción de «difundir en mayor grado los principios liberales entre quienes tienen que gobernar al País, ayude y anime a cierto número de personas respetables, hombres de alto rango y consideración, a formar una gran logia de antiguos masones yorkinos. Así se hizo, y un grupo numeroso de la hermandad cenó alegremente en mi casa».
Desde entonces, el deísmo, mediante las logias yorkina y escocesa, se enfrentó a la Iglesia católica más allá de las discrepancias teológicas. La propuesta de que México copiara un modelo centralizado francés o un modelo federal estadounidense, renegando ambas propuestas de los históricos pilares de la identidad mexicana —sus raíces indias, hispanas y católicas—, supuso que en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 apareciese por última vez el artículo que establecía: «La religión de la nación es la Católica Apostólica y Romana; es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra».
Hoy, la libertad espiritual plena debe ser parte de nuestros documentos constitucionales. Pero entonces, ¿cuál es el problema?
Desde entonces, la Iglesia católica y el catolicismo fueron cercados cada vez más en su desarrollo histórico dentro del país, hasta llegar al siglo XX con un conflicto de persecución religiosa.
La Constitución de 1857, que trajo normatividad acertada en sus artículos teniendo en cuenta su momento histórico, no lo fue tanto respecto a ciertas Leyes de Reforma del periodo, como fueron el Decreto de Supresión de Festividades Religiosas o la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, al modelo de las Desamortizaciones de Madoz y Mendizábal en España.
Una sociedad plenamente católica comenzaba a tener afectación de las pretendidas progresiones liberales que parecieron no tener en ciertas élites por entonces sus raíces complementarias con el catolicismo, pero sí con el deísmo.
La Constitución de 1917 señaló, en artículos como el 3°, 24°, 27° y 130°, nuevos condicionantes donde no se podrían realizar actos públicos de fe y se afectaron a las propiedades de la Iglesia.
Unos setenta años después, tras numerosas guerras de intervención contra un pueblo mexicano sacrificado en la defensa de la soberanía, de sus raíces culturales y de su fe, se encontró con un atentado que ni tuvo lugar en los momentos de mayor belicismo en el territorio: el atentado contra el sagrado ayate guadalupano en 1921.
¿Quién pretendió volar en mil pedazos tan sagrado elemento para un pueblo tan católico y respetuoso? Quien favoreció el atentado fue el propio gobierno de la República.
La historia nos recuerda que no fue el resultado como se pretendió: el ayate quedó intacto ante una carga de explosivos. Entonces nos queda como reflexión preguntarnos qué habría pasado de haber desaparecido dicho ayate guadalupano. Seguramente, la reacción del pueblo mexicano habría sido contundente y firme.
La persecución religiosa contra el catolicismo se incentivó por las conocidas Leyes de Calles (1926). El propio biógrafo de Dwight Whitney Morrow, embajador de EEUU, expresó que «le causaba dolor ver que el 90% de los habitantes estuvieran sufriendo por negarles una religión de la que estaban ansiosos. Y se presumía de que el gobierno mexicano jamás lograría imponer el orden interior ni obtener en el extranjero el crédito de representar un sistema progresista y civilizado, mientras no se sacase del cuerpo de políticos de México el veneno de ese conflicto y terminase la situación de lucha civil».
Finalmente, llegó dicha lucha civil, pero inicialmente fue meramente pacífica. Dos millones de firmas, en una población total de 15 millones de habitantes con el 97.7% de católicos, reclamaron la situación al gobierno y plantearon un boicot económico.
Don Plutarco Elías Calles tensó el pulso con respuestas retadoras que no atendieron ni al pueblo mexicano ni a los comunicados del Episcopado Mexicano.
Fue entonces cuando aconteció en palabras de Jean Meyer la «historia dramática y conmovedora de un pueblo que se siente agraviado en su fe y que, por tanto, desafía a un gobierno de hierro y a un ejército que lo aventaja en todos los terrenos menos en uno: el del sacrificio».
Un drama jamás pensado en México tuvo lugar cuando se ordenó que «a partir del 31 de julio… todo acto de culto público que exija la intervención de un sacerdote quede suspendido en todas las iglesias de la República» (Pío XI).
Ante las nuevas leyes, si cualquier sacerdote actuaba en su propia responsabilidad de defensa del culto sería castigado con fuertes multas y/o prisión. Esto fue el ataque más directo al catolicismo en la historia de México que se vivió por entonces.
Mientras el pueblo de México salió en masa a manifestarse para la apertura de los templos y el restablecimiento del ejercicio del culto católico con normalidad; otros sectores plantearon una lucha armada contra el gobierno que, condicionó y atacó su libertad espiritual.
Las investigaciones hablan de más de 50 mil combatientes, apodados al inicio y de manera despectiva por sus contrarios como «cristeros».
Al grito de «¡Viva Cristo Rey!» y «¡Viva la Virgen de Guadalupe!», no solo esta población armada, sino también el olvidado papel de muchas mujeres que junto al mismo grito colaboraron en tareas de redes de abastecimiento, obtención de información, difusión, lucha armada y aportación intelectual —siendo las primeras en levantarse en la mañana y las últimas en irse a dormir—, expresaron más sus ansias de libertad que sus lamentos ante las desgracias.
El suelo mexicano volvió a vivir una guerra civil: hermano contra hermano.
No citaremos en el presente a muchos de los protagonistas de dichos momentos donde los últimos estudios hablan de más de 3 millones de muertos en las Revoluciones Mexicanas —Maderista, Huertista, Carrancista…—, y de más de 300 mil muertos en la Guerra Cristera.
México, tras el gobierno de Porfirio Díaz, vio morir a unos 4 millones de personas en una población en torno a 15 millones de habitantes. Esto supuso una pérdida por estos conflictos del 26.67 % de su población.
Para terminar este texto, debemos recordar las palabras en la última carta de Enrique Gorostieta, Comandante en Jefe del Ejército Cristero, a su esposa, Tulita Lasaga:
«Creo firmemente que esto no ha de durar mucho y que pronto podremos reunirnos para siempre, y entonces verás lo que en mí ha logrado tu conducta…Mantente animosa; fíjate que lo que yo ando haciendo es un deber sagrado y convéncete de ello al considerar los millones de gentes que están rezando por mí y por mi causa...No flaquees por nada…fíjate en que la causa que defiendo es la del honor y la justicia y que esto es independiente del resultado final…».
A 100 años de la Guerra Cristera, tan solo el conocimiento y la reflexión sobre dichos acontecimientos forjarán un presente donde la firmeza de la libertad espiritual constitucional, sea cual sea nuestra dimensión —ateos, agnósticos, católicos…—, siga siendo uno de los grandes pilares de nuestro amado México como evidencia de consolidarnos como una de las grandes democracias a nivel mundial.










