La denuncia como caridad
18/06/2026
Autor: Juan Pablo Aranda Vargas
Cargo: Director de Formación Humanista

I

En su carta encíclica, Magnifica humanitas, el papa León XVI refiere aquellas ocasiones en que las comunidades cristianas se han comportado por debajo de las exigencias éticas fundamentales. Al respecto, insiste: “Hemos sido testigos, con vergüenza, del arduo descubrimiento de verdades dolorosas incluso sobre miembros de la Iglesia y sobre realidades eclesiales. En particular, algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos”. Ya en 1971, el joven teólogo, Joseph Ratzinger, denunciaba la tremenda distancia que, en muchas ocasiones, separa a esa iglesia que es “Santa” del comportamiento particular de algunos de sus integrantes, sean estos cardenales, sacerdotes, religiosas o laicos. Cito in extenso:

Hoy parece verdadero todo lo contrario: no una comunidad maravillosamente difundida, sino una asociación estancada, que no ha sido capaz de superar realmente los confines del espíritu europeo y medieval; no ya una profunda santidad, sino un conjunto de debilidades humanas, una historia vergonzosa y humillante, en la que no ha faltado ningún escándalo, desde la persecución de herejes y procesos contra las brujas, desde la persecución de los judíos y el servilismo de las conciencias hasta el autodogmatismo y la resistencia contra la evidencia científica, de tal modo que quien pertenece a esa historia no puede hacer otra cosa que cubrirse vergonzosamente la cara; finalmente no ya una estabilidad indestructible, sino condescendencia con todas las corrientes de la historia, con el colonialismo, el nacionalismo y recientemente los intentos de hacer las paces con el marxismo y hasta de identificarse con él...

El papa León recuerda, al respecto, las palabras de Francisco: “Les agradezco también por lo que dan a conocer de lo que no funciona en la Iglesia, por lo que nos ayudan a no ocultar bajo la alfombra y por la voz que han dado a las víctimas de los abusos” (§138).

II

Sentémonos y hagamos una pausa, reflexionemos: ¿Cuántos no han sido ignorados al levantar la voz, denunciando las corruptelas y crímenes que buscan ser escondidos en las cúpulas del poder—ya sea éste político, económico, burocrático o, tristemente, eclesiástico? ¿Cuántas veces hemos visto las puertas de la sociedad cerrarse a quien denunció? ¿Cuántas veces el silencio ha sido rugiente escándalo?

Denunciar implica publicitar, retirar el velo que esconde y guarda de las miradas curiosas. Se denuncia para que algo que era ignoto se sepa, para traer al frente aquello que quería reptar en la sombra.

Y, por supuesto, en este proceso de publicitación, de alumbramiento, más de uno se molesta. Porque lo que se hace en las sombras rara vez pertenece a la verdad (“Nemo autem lucernam accendens operit eam vaso aut subtus lectum ponit, sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen. Non enim est occultum, quod non manifestetur, nec absconditum, quod non cognoscatur et in palam veniat”, Lc 8:16-17). Uno no se corrompe bajo los reflectores de los medios de comunicación; todo lo contrario, uno debe hacerse pequeño, silencioso, insignificante, si quiere que sus maldades pasen desapercibidas.

La luz y las tinieblas, pues, se corresponden en cierta medida con lo público y lo privado. Lo privado “priva” a los demás del uso y hasta del conocimiento de la cosa así catalogada. Y si bien la vida de todo ser humano exige, como derecho humano, un espacio que llamamos de “intimidad” donde puedo refugiarme en lo más recóndito de mi ser y ser yo mismo fuera de las vistas ajenas, lo cierto es que una vida absolutamente privada se reduce a lo que los griegos llamaban ἰδιώτης, de donde viene nuestro término “idiota”, aquella persona que vive estrictamente en lo privado y que, por ende, se “priva” de la vida pública, de la comunicación y la comunidad. La intimidad es necesaria precisamente porque somos criaturas sociales, porque nuestro ámbito natural es el social; por ello requerimos, de vez en cuando, un refugio, un sitio intensamente nuestro donde respirar, pensar y contemplar, antes de regresar a la comunidad.

III

En México tenemos la terrible costumbre de despreciar a quien denuncia. La cultura de la denuncia misma es vista con desconfianza. El que denuncia no es una persona ética, es un chismoso, una rata, un soplón o un chivato. Antes pudrirse en “el bote” que convertirse en un soplón, es la máxima del mexicano. El delator es visto como un sujeto sin consistencia, un espíritu amanerado incapaz de soportar en sí mismo el peso de la existencia. El delator es enemigo de la reciedumbre, el dominio, el autocontrol y hasta de la amistad. La justicia queda reducida a la “lealtad ampliada” que defendía Richard Rorty: la justicia es modulada por la lealtad hacia grupos más o menos cercanos a mí.

Otro lastre contra la cultura de la denuncia se refiere al miedo que sienten las personas, en muchas ocasiones, a las represalias que pueden seguirse de una denuncia. Este miedo se incrementa mientras el poder se ejerza de forma más autocrática y absoluta—la tiranía es un régimen dominado por el miedo, mientras que la democracia es un régimen donde los ciudadanos pueden denunciar sin que eso se traduzca en castigo o violencia alguno. El miedo incrementa proporcionalmente a la inexistencia de reglas que regulen claramente la cultura de la denuncia, o cuando esas reglas simplemente son ignoradas; el miedo, finalmente, aumenta en ambientes dominados por la mentalidad de grupo, y cuando ese grupo actúa de forma que silencie las opiniones minoritarias o que no están alineadas al poder.

El resultado es un país amordazado. La ONU identificó que entre 2000 y 2025, 89 periodistas y 181 defensores de los derechos humanos habían sido privados de la libertad. Esto, sin contar amenazas, lesiones, desapariciones y otros delitos que se planean desde las tinieblas a fin de que la verdad no tenga modo de salir. Este dato, sin embargo, no debe llevarnos a ignorar o sobrerrepresentar toda violencia que ocurre en nuestros ambientes: en la parroquia, en la escuela, en la familia, en el club y, por supuesto, en la universidad.

IV

Denunciar, hacer público, es no obstante una obra caritativa siempre que cuente con evidencia y se realice en estricto respeto a la dignidad de las personas. Siempre que la denuncia busque defender a los menos aventajados, a los marginados, oprimidos, silenciados, a quienes tienen hambre y a quienes están encarcelados injustamente, la denuncia deberá ser entendida como un acto de caridad. Siempre que denuncie con claridad lo que el poderoso hace “por sus pistolas” y contra la norma, la denuncia deberá ser acogida como una perla que enriquece a esa comunidad.

La caritas, recordemos, debe siempre estar acompañada de la veritas, de forma que hablemos siempre de caritas in veritatem y de veritas in caritatem. Una caridad sin verdad es opresiva y engañosa, quiere vestirse con piel de oveja cuando en realidad busca destruir a la comunidad; por el contrario, una verdad sin caridad corre el peligro de volverse tiránica, cruel, excesiva y beligerante. La verdad debe plantearse con firmeza, pero sin abuso; la caridad debe proteger con ternura, pero siempre dentro de un marco que entiende la dignidad de la persona en términos de sus derechos y libertades, pero también de sus obligaciones y responsabilidades.

La existencia de malestares, equívocos, tretas, injusticias y violaciones a las normas dentro de una comunidad exige una cultura de denuncia robusta y activa. Nuestra universidad no es excepción: debemos promover la denuncia como parte de una cultura de higiene social y espiritual, como elemento sine qua non de la auténtica convivencia universitaria. UPAEP no puede sino exigir a todo aquel que vea injusticias que las denuncie. Pero todo esto no será más que letra muerta si no mantenemos y mejoramos los mecanismos de protección a todo aquel que realice una denuncia. La virtud se encuentra, por ende, en la confluencia de una cultura de la denuncia compartida por los integrantes de una comunidad, por un lado, y una estructura institucional y normativa que promueve, sostiene, defiende y operacionaliza la denuncia, haciéndola no sólo posible, sino segura.