Hace una semana el presidente López Obrador informó que envió al H. Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional del sector eléctrico con el propósito de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que la apertura anticipada del sector en la reforma energética de Peña Nieto estaba destruyendo de manera deliberada a la CFE dejándole el mercado de los energéticos a las empresas particulares – sobre todo las extranjeras -. La contrarreforma contempla cambiar radicalmente los Artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución con la idea de “garantizar la seguridad energética de México y que exista una tarifa energética justa.”

Respecto a ese cambio radical de los Artículos 25, 27, y 28, los siguientes elementos son los más destacados:

1. Corresponde EXCLUSIVAMENTE a la nación el área estratégica de la electricidad.
2. La CFE se integra como un SOLO ORGANISMO del Estado, responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad y determinará todas las tarifas para usuarios finales.
3. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado (como el sector automotriz), se cancelan. (esos 32 contratos tienen un valor de 1.6 billones de pesos).
4. La CFE garantiza al menos el 54% de la energía que se requiera en el país y el sector privado podría participar hasta en el 46% de esta generación eléctrica - pero exclusivamente en abastecer al sector público – no el sector privado.
5. Serán eliminados totalmente los órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
6. El litio y demás minerales estratégicos para la Transición Energética nunca podrán ser concesionados.
7. ¡SE CANCELAN TODOS LOS CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS!

Esa Contrarreforma ha hecho “corto circuito” en la opinión pública, con dudas y críticas sobre su impacto en el país. Pero el presidente Andrés Manuel Obrador puso la Contrarreforma como prioridad este año al ser su iniciativa preferente – que según él - será aprobada en el Congreso antes del 15 de diciembre de 2021 con la cooperación del PRI.

Pues, la 4T debe saber que esa contrarreforma autoritaria es flagrantemente ilegal tanto a nivel nacional como internacional. AMLO está por violar los Capítulos 14.4, 14.6, 14.8 del T-MEC que protegen los derechos de inversionistas nacionales e internacionales. Además, los Capítulos 22.4 y 22.6 del TMEC prohíben asistencia comercial o no comercial por parte de un gobierno a compañías paraestatales en contra de inversionistas privados. Por si esto fuese poco, la 4T también está en vísperas de violar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Los Capítulos 8, 10, 22, y 23 del TLCUEM otorgan las mismas protecciones que mencionamos en el contexto del T-MEC. Esto ha provocado que el 6 de octubre de 2021 comience un ataque frontal contra la 4T de 50 empresas internacionales, miembros del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, (CEEG) amenazando con una avalancha de demandas de arbitraje internacional para proteger sus inversiones de cientos de miles de millones en el sector energético de México. Ojalá que el PRI considere el grave daño que haría al país en caso de darle los votos al presidente y a MORENA. Es momento que la oposición demuestre de qué está hecha y mire de cara al futuro de México.

Seguramente la 4T va a perder oootra vez.