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[UPAEP participa en la presentación de esta iniciativa.]

 

La iniciativa ciudadana Ley 3de3 permite canalizar la indignación social en un esfuerzo constructivo que busca forjar gobiernos más honestos e íntegros y, a su vez, reducir riesgos de corrupción en sus tres órdenes: federal, estatal y municipal. En ese sentido, la Ley 3de3 establece reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados.

 

A partir de hoy, Puebla a través de un grupo plural de ciudadanos y organizaciones se suman a la búsqueda de las 120 mil firmas necesarias que esta ley necesita para que avance como iniciativa ciudadana en el Congreso. Esta propuesta busca convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo del 2016.

 

Durante la presentación de la iniciativa de la Ley 3de3, también se contó con la presencia del Rector de la UPAEP, el Mtro. Emilio José Baños Ardavín, quien estuvo acompañado por rectores de las principales universidades de Puebla y representantes de la cúpula empresarial, quienes externaron su interés por que se promueva dicha ley que ayuda a mejorar las condiciones por las que está atravesando la sociedad mexicana.

 

Las organizaciones y ciudadanos que presentan la iniciativa Ley 3de3, invitan a todos los habitantes preocupados por los niveles de corrupción en el país a firmar lo antes posible y ser promotores de la misma. Para ello, pueden visitar el sitio web de la propuesta Ley3de3, en la que podrán descargar los formatos para recabar firmas y los puntos donde podrán entregarlas en todo el país.

 

¿Qué propone la Ley 3de3?

La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.

Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.

Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.

Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.

Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.

 

El equipo redactor de la Ley 3de3 estuvo integrado por: Josefina Cortés[1] (ITAM), Max Kaiser (IMCO) y José Roldán Xopa (CIDE). La Ley 3de3 fue construida con el apoyo de distintos especialistas y organizaciones. La lista en orden alfabético es: Agustín Acosta (Abogado penalista), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia), Jesús Cantú (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa), Sergio Huacuja (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México), Sergio López Ayllón (CIDE), José Octavio López Presa (Causa en Común, A.C.), Mauricio Merino (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), Rodrigo Roque (Abogado penalista) y Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM).

 

Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que formamos parte de esta iniciativa, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo para hacer de la Ley 3de3, la primera Iniciativa de Ley Ciudadana sometida a consideración del Congreso.

 

Para que las firmas se consideren válidas deben ser en papel (autógrafas) e incluir los siguientes datos que aparecen en la credencial de elector:

Nombre completo.

Clave de elector.

Número identificador (OCR).

Número de emisión.

Para mayor información los interesados pueden seguir la conversación con el hashtag: #Ley3de3 o ponerse en contacto con: Fernanda Diez del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, (CEEY) al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono (045) 22.24.55.46.23; Romina Girón del Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO) a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., celular (045) 55.47.85.49.40 o con Rafael García Aceves de Transparencia Mexicana al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., celular (045) 55.59.53.68.61.

[1] Trabajó en este proyecto hasta el 14 de enero de 2016.

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