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El candidato de la coalición por México al Frente a la Presidencia de la República, en conferencia de prensa señaló, que de salir triunfador en las elecciones, en su toma de protesta como presidente de la República, en diciembre de 2018, convocará a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para lograr un aumento al salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria que propone el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ésta sería una medida justa, dijo, que se llevaría acabo con responsabilidad y de manera gradual para recuperar la pérdida de poder adquisitivo, “México ya no será un país de los salarios eternamente bajos, artificialmente deprimidos”, agrego que crearía un consejo representativo, incluyente y plural encargado de dar seguimiento a los aumentos de los salarios mínimos, sus repercusiones y el incremento a futuro para una verdadera política salarial.

“Para diciembre de 2022 va alcanzar lo que el Coneval determina canasta de bienestar, es decir, esto implica un poco más que duplicar para esa fecha, duplicarlo, y (…) desde el primer día de mi gobierno es llevar el salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria, es decir, a cien pesos a precio de marzo de este año”, dijo, medida que la mayoría de los empresarios del país la apoyan porque en su nivel actual es injusto, antieconómico y antiético al mantenerse por debajo de la línea de bienestar que establece el propio Coneval.

Es viable ésta propuesta? Tendría efectos inflacionarios, como algunos especialistas lo han mencionado? Cuáles sería el impacto en las pequeñas empresas?; En un estudio que elaboramos en UPAEP, llegamos a las siguientes conclusiones:

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), la figura del salario mínimo se estableció en la Constitución de 1917, bajo el principio de que el salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero y su educación.

Los salarios mínimos y la fijación gradual del tipo de cambio permitieron que la tasa de inflación anual a finales del periodo Salinista se redujera a valores de dos dígitos. Los salarios mínimos controlados y tipo de cambio de bandas ajustables convivieron en ese periodo con un bajo crecimiento de la productividad en el país. 

De esta manera, en el marco de los Pactos de Solidaridad y Estabilidad Económica, la fijación nominal del salario buscaba evitar el incremento en los costos de las empresas y su traslado a los precios en entornos poco competitivos. Si bien en ese contexto histórico el anclaje de los salarios resultaba pertinente para detener el incremento de los precios y la inflación, en las circunstancias actuales, con plena autonomía del banco central, estabilidad inflacionaria, objetivos de tasas de interés y un tipo de cambio flexible, mantener el salario mínimo anclado resulta más bien inconsistente. 

Es claro además, por la pérdida gradual del poder adquisitivo, así como por el gran rezago del salario en relación con otras economías con estructuras económicas similares (Colombia, Brasil, Turquía, etc.) que efectivamente existe espacio considerable para incrementos que permitan a los grupos sociales más afectados recuperar su capacidad de compra. 

El reto de las autoridades monetarias y fiscales será lograr un diseño salarial que no afecte a las empresas micro, que incremente sus niveles de competitividad y que evite el traslado a los precios. 

Consideramos que una implementación gradual de incrementos o por regiones o industrias, puede eliminar presiones inflacionarias y al mismo tiempo puede reforzar los esfuerzos de tecnificación de las empresas para elevar su productividad. En todo caso, el Banco de México podría participar en la implementación para generar el ajuste salarial sin afectar los precios. 

El salario mínimo en México tiene un importante rezago, pero un aumento de manera aislada como única política, sería de poca utilidad para lograr un mayor bienestar de los trabajadores mexicanos si no se acompaña de capacitación, productividad, y políticas fiscales redistributivas bien diseñadas.

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