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El viernes, 19 de octubre de 2018, unas siete mil personas de Honduras, El Salvador y Guatemala lograron irrumpir, en condiciones desesperadas, en el territorio de nuestro país con rumbo a la frontera norte con los Estados Unidos reclamando el estatus de refugiados. Mientras tanto una segunda avalancha de centroamericanos se está formando en territorio de Guatemala con el intento de desplazarse hacia nuestro país también. Irracionalmente en una tormenta de “Tweets” en los últimos días, Donald Trump ha declarado a su Patrulla Fronteriza y el Ejército una emergencia nacional y anunció el 23 de octubre la cancelación de todos los programas de ayuda financiera a Honduras, El Salvador y Guatemala por su incapacidad de evitar la huida de sus ciudadanos. Este pronunciamiento podría resultar en una pérdida para estos tres países de 180 millones de dólares en el año fiscal de 2019. En una ominosa referencia a México, un “tweet” de Trump manifestó: “The assault on our country at our Southern Border…is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught…” ¿Estamos ahora en vísperas de un incipiente fracaso del T-MEC?

El dilema para México se basa en el derecho internacional, mejor dicho en la “Convención de 1951 Sobre el Estatus de los Refugiados y su Protocolo de 1967”. México ratificó esta Convención en junio del año 2000. El artículo 3 de la Convención establece la prohibición de toda discriminación en el momento del ingreso del solicitante de asilo, expresando su fundado temor de regresar a su país porque su vida, libertad o su seguridad estarían en grave peligro o por motivos económicos, violencia doméstica o familiar. La persona debe tener libre acceso al procedimiento de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y en el momento de registrar la solicitud, tenemos la obligación incondicional de no regresar a la persona a su país de origen y de otorgar los siguientes derechos al solicitante durante el proceso de adjudicación de su estatus de refugiado:

Protección contra maltratos
El derecho de ser albergado con toda libertad de movimiento
El otorgamiento de un permiso de trabajar
Educación gratuita para menores
El derecho de recibir asistencia pública
Libre acceso a los tribunales del poder judicial
El derecho a que no se le imponga una sanción por haber entrado ilegalmente en nuestro territorio
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe expedir un “Titulo de Identidad y Viaje” al solicitante permitiendo el libre movimiento en nuestro territorio
La expulsión de un refugiado después de recibir su calificación está prohibido
Una vez calificado como refugiado por las autoridades, México tiene la obligación de ofrecer a la persona la naturalización como mexicano.
En la próximas semanas miles y miles de estas personas van pasar por nuestro territorio: ¿Qué vamos a hacer – cumplir con el derecho internacional o someternos a las demandas ilegales de Donald Trump? Este es nuestro dilema y peor aun cuando AMLO sigue haciendo promesas sin haber tomado posesión como Presidente de México. AMLO prometió miles de empleos a los centroamericanos para que trabajen en la construcción del proyecto del tren maya. Muchas voces se han manifestado en contra de ello porque es una forma de sustituir la mano de obra mexicana por una más barata; pareciera esto una réplica del norte y del sur. Claramente con estas acciones podemos darnos cuenta que AMLO pretende dar una señal al mundo sobre su política exterior y su política comercial. Ayer jueves 25 de octubre, AMLO ha dicho que mirará hacia el sur del continente y tratará de estrechar lazos comerciales más fuertes con Sudamérica. ¿Será esta una solución a todos los problemas económicos que se le vienen encima?

Dr. Juan Carlos Botello
Profesor – Investigador
Escuela de Comercio Internacional

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