Lo sucedido en el duelo Brasil contra Argentina es un ejemplo de que nada debería de estar por encimas de las reglas de un país, ni siquiera el fútbol y todo lo que representa, así lo expresó Derzu Daniel Ramírez Ortiz, profesor de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.

“Estamos hablando de un deporte que a lo largo del tiempo se ha convertido en una industria; en el fútbol se mueven millones de dólares y muchos intereses… Por eso fue muy llamativo que se suspendiera este partido, hubiera sido preocupante que se primara el interés económico por encima de las regulaciones sanitarias”.   

Durante las eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022, el partido fue detenido y a la postre suspendido por autoridades sanitarias brasileñas pues cuatro jugadores argentinos (tres titulares) provenían de Reino Unido, territorio que cuenta con ciertas condiciones para que sus habitantes ingresen al país sudamericano.

“Ante la COVID-19 Brasil ha establecido medidas sanitarias bastantes rigurosas; la que da como resultado la cancelación del partido es una restricción que dice que cualquier persona que provenga de Reino Unido, India o Sudáfrica tiene que guardar un periodo de cuarentena de 14 días”.

De acuerdo a la tasa de contagios y mortalidad registrada en Brasil, el especialista en relaciones internacionales expuso que una posibilidad por la cual esta nación restringió el acceso a personas de Reino Unido es por la variante delta, la cual tomó fuerza en los tres países antes mencionados.

Según algunos medios de comunicación, los jugadores argentinos falsearon su declaración sobre su lugar de procedencia, por lo que al ser evidenciados, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) procedió a suspender el juego apenas a los cinco minutos de haber empezado.

Ramírez Ortiz expresó que un aspecto a resaltar en este caso es que no existe autoridad global que determine los protocolos que los países deben seguir en esta pandemia y eso lleva a que las naciones apliquen sus propias medidas.  

En el caso de la OMS, ésta puede dar recomendaciones pero no tiene ningún poder para obligar a los países a implementar políticas sanitarias.