En esta columna que perpetramos cada semana, un tema que hemos tocado en varias ocasiones -mis cuatro fieles y amables lectores no me dejarán mentir- es el del colapso de las democracias en el mundo. Si analizamos los resultados electorales en muchos países europeos, nos daremos cuenta, con preocupación, de que los movimientos populistas van ganando posiciones y poder muy rápidamente. En América la situación no es mejor, como lo demuestran los ejemplos de Donald Trump en Estados Unidos, el fortalecimiento de MORENA y la práctica desaparición de los partidos de oposición en México y el franco deterioro de las condiciones políticas en varios países de Latinoamérica, como Nicaragua.
Un elemento importante en el avance de los regímenes autoritarios en la actualidad, y que hace que este proceso se distinga de los que veíamos en el pasado, es que el atropello a los valores de la democracia se hace con el consentimiento, con la ayuda y, en el mejor de los casos, con la indiferencia y apatía de los ciudadanos. Muchos expertos han alertado sobre la inminente desaparición de las condiciones democráticas de gobierno en México, proceso que se sellará con la jornada electoral del próximo 1° de junio, con la inédita “elección judicial”. Este llamado de atención no es gratuito, puesto que, con este proceso, MORENA logra el objetivo que se planteó el ex presidente López de someter al poder judicial, que fue el único de los tres poderes de la Unión que no se le sometió del todo.
Ya hemos afirmado en esta columna en ocasiones anteriores que el control del poder judicial es uno de los requisitos fundamentales para que un régimen autoritario se consolide. Es imposible que un régimen autocrático logre echar raíces si no tiene en sus manos al poder que interpreta la ley, que dirime dificultades entre los órganos de gobierno y que, en última instancia, defiende al ciudadano de a pie frente al gobierno o frente al Estado. Así, si revisamos los procesos de consolidación de los regímenes no democráticos, todos deben pasar por esa estación: el control de los jueces, tribunales, magistrados, etc. No es gratuito afirmar que el poder judicial autónomo es la última línea de defensa de la democracia y del Estado de derecho frente al avance de la tiranía.
Lo ideal en un régimen democrático es, por lo tanto, que los tres poderes se controlen y equilibren mutuamente. Este principio de los controles y equilibrios mutuos entre los órganos estatales más importantes (separación y división de poderes) fue consagrado por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Nos referimos a lo que en la terminología anglosajona se llama “checks and balances” y en español “pesos y contrapesos”. El principio se basa en la idea de que no basta simplemente separar los tres poderes según sus facultades y funciones (legislativo, ejecutivo y judicial) y garantizar su independencia, sino que también a que cada rama del gobierno debe tener los medios para defender su propia función y garantizar así que el sistema de gobierno en general se mantenga equilibrado. Al mismo tiempo que se controlan mutuamente, se les anima a cooperar, porque ninguno de los poderes puede gobernar solo, sin la ayuda de los demás.
Este principio se ha convertido en un postulado fundamental del ejercicio democrático del poder en su conjunto. Allí donde surge el potencial político y se ejerce el poder, debe existir la posibilidad de formar y ejercer un contrapoder. El principio pretende así equilibrar diferentes intereses, apoya la tendencia hacia el equilibrio del sistema de gobierno y promueve la cooperación entre diferentes polos de poder, garantizando así la estabilidad sociopolítica del sistema. Esta idea de esta separación de poderes es de Montesquieu (1689-1755), quien la expuso en su obra “De l'esprit des lois, publicada en 1748. Un antecedente importante, sin embargo, lo encontramos en la Antigüedad grecolatina: el historiador griego Polibio (200-118 a.C.) analizó la antigua constitución romana bajo tres divisiones principales: la monarquía (representada por el cónsul); la aristocracia (el Senado); y la democracia (el pueblo). Sus reflexiones influyeron considerablemente en las ideas posteriores sobre la separación de poderes.
En el caso del primer país que instauró en la práctica este principio, tenemos que, por una parte, el Presidente de los Estados Unidos tiene el derecho de vetar las leyes aprobadas por el Congreso; la Corte Suprema, a su vez, puede declarar inconstitucionales dichas leyes o directivas del Presidente y, por último, el Congreso puede destituir de sus cargos tanto a los jueces de la Corte Suprema como al Presidente y establecer comisiones de investigación. El principio de controles y equilibrios también se aplica dentro del poder legislativo, ya que las leyes deben ser aprobadas por las dos cámaras: la que representa a los electores y la que representa a los estados de la Unión. De esta manera se pretende equilibrar y prevenir las disputas y combatir las leyes que contravengan al Estado de derecho, lo que se espera conduzca a la implementación equilibrada de la voluntad del pueblo, por un lado, y a un sistema político estable, por el otro. El politólogo Richard Neustadt, asesor cercano de varios presidentes estadounidenses, hablaba de “instituciones separadas que comparten el poder”, de instituciones separadas que, sin embargo, deben cooperar en el ejercicio del poder, combinando así la autonomía mutua con la obligación de colaborar. Esto, sin embargo, crea una conexión personal entre los poderes que, en la visión de Montesquieu, en realidad deberían permanecer separados. En el debate sobre la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, James Madison (1751-1836) desarrolló esta idea aún más allá de Montesquieu. Así, en 1788, en los “Documentos Federalistas” (Federalist Papers), Madison y sus dos coautores hablaron del tema, concretamente en los números 10, 47 y, especialmente, en el 51 (“controles y equilibrios”).
Después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, los republicanos comenzaron a proponer o aprobar medidas en al menos 16 estados que controlaban en 2021, que amenazaban con socavar la separación de poderes en Estados Unidos. Los politólogos Francis Fukuyama y Robert Kagan señalaron que los republicanos en los estados donde gobiernan reclaman el derecho a tener la palabra final sobre quién ganó una elección. Esto contraviene la separación de las funciones de los poderes, pues, en un Estado de derecho, quien tiene la palabra final sobre controversias constitucionales es el Poder Judicial. Esta tendencia a negar a los jueces su función de árbitros entre las diversas instancias también la vemos en México, en donde los diputados de la actual legislatura se han constituido ya como un poder que goza de “supremacía constitucional”, con lo que le arrebataron al poder judicial la función de interpretar la ley y de resolver controversias entre los poderes.
Los pesos y contrapesos, que modifican la separación de poderes, pueden operar no solamente en sistemas presidenciales, como el estadounidense o el mexicano, sino también en sistemas parlamentarios mediante el ejercicio de la prerrogativa del parlamento de emitir una moción de censura contra un gobierno; el gobierno, o gabinete, a su vez, normalmente puede disolver el parlamento o pedirle al jefe de Estado (al rey o al Presidente de la República) que lo haga. En el Reino Unido, el Parlamento es soberano, y las leyes que aprueba no están sujetas a revisión de constitucionalidad por parte de los tribunales. En Francia, bajo la Quinta República (1958), un Consejo Constitucional de nueve miembros (nombrados por nueve años por el presidente, el Senado y la Asamblea Nacional) revisa la constitucionalidad de la legislación. La República Federal de Alemania combina características de los sistemas parlamentarios y de los sistemas federales, como el de Estados Unidos. Confiere el derecho de declarar una ley inconstitucional al Tribunal Constitucional Federal (desde 1951).
En los sistemas políticos de partido único o de partido hegemónico, pueden operar controles y equilibrios informales, quizás incluso ilegales, cuando los órganos de un régimen autoritario compiten entre sí por el poder o por privilegios.
Por lo que podemos concluir después de lo anterior, es que la separación y división de funciones entre los Poderes de la Unión, su mutua labor de control y contrapeso y la independencia de los jueces, magistrados y tribunales son elementos esenciales de todo régimen democrático. Por eso no nos extraña que MORENA, embarcado en el proyecto de instaurar un régimen autoritario en nuestro país, haya echado a andar el proyecto de acabar con la autonomía del poder judicial, para dejar todo en manos de dicho movimiento. Sobre esto ya se ha escrito mucho en los meses recientes, así que no ahondaré en ello. Sólo es importante señalar algo, ya casi en vísperas de la jornada electoral del próximo domingo: si este proceso está pervertido de origen, pues tuvimos una elección de Estado el año pasado, una sobrerrepresentación anticonstitucional en ambas cámaras, colonización del INE y del Tribunal Electoral, nula participación de los partidos de oposición (que, aunque no lo creamos, aún existen), pésima organización del proceso, desigualdad del voto (los ciudadanos de algunas regiones votarán por más cargos que los de otras regiones), la existencia de “acordeones” que circulan profusamente, la falta de experiencia práctica de la mayoría de los aspirantes, etc., lo peor que podemos hacer es participar y acudir a votar, pues ya sabemos que uno de los elementos más importantes de legitimación política es la participación. Aunque vayamos a votar y anulemos el voto, o pongamos una leyenda de protesta en él, con nuestro solo registro estaremos avalando un proceso que pervierte al Estado de derecho y a la democracia.
Quiero dejar en claro que no estoy en contra de algunas personas que participan de buena fe en esta farsa. Yo mismo tengo un buen amigo de la preparatoria, cuyo hijo, persona igualmente honorable, se postula en esta elección para un cargo en el aparato judicial. Ojalá tuviéramos gente como él en esos puestos, pero incluso cuando por un verdadero milagro ganara, eso no le daría legitimidad ante mis ojos al proceso, que está viciado de origen y está diseñado para someter al poder judicial a la voluntad de los otros dos poderes, ambos en manos del mismo grupo político. Con gusto voto por candidatos a diputados, pues estos representan al pueblo; o por senadores, pues representan a los estados, y yo vivo en uno de ellos; pero no puedo votar por jueces que no me representan a mí, sino que deben representar a la ley. Yo no ayudaré a ponerle un último clavo al ataúd de la joven e incipiente democracia mexicana, que nunca logramos consolidar. Esa fue nuestra culpa.
