Desde hace por lo menos tres décadas, en diversas democracias del mundo han surgido fuerzas políticas que, a pesar de haber accedido al poder a través de mecanismos democráticos, una vez en el gobierno usan su posición para desmantelar el propio andamiaje democrático que los llevó al poder.  Este tipo de procesos suelen ir acompañados de personas o partidos políticos que intentan eternizarse en posiciones dominantes, de amplios márgenes para la represión y/o la intimidación a opositores y de importantes restricciones a las libertades civiles. Es decir, éstos fenómenos cuando se consolidan, siempre devienen en sistemas autoritarios de distintos alcances. 

Los politólogos estadounidenses Levitsky y Ziblatt, han identificado una similitud interesante en diversos de éstos casos. Fuerzas autoritarias, ya sea en Latinoamérica, en Europa o en los propios Estados Unidos, entienden que colonizar a los árbitros de la democracia es requisito fundamental para imponerse. 

Por árbitros, los autores se refieren a todas aquellas instituciones de Estado que deben guardar la mayor imparcialidad posible con respecto a las facciones que ocupan el gobierno en turno. Esto con el objetivo primordial de vigilar, acotar y contrapesar a las facciones que intenten alterar de forma fundamental el régimen político, o bien pretendan sobrepasar los poderes otorgados por las leyes supremas del país. Como ejemplos de árbitros podemos mencionar a los tribunales judiciales, las fiscalías y por supuesto a las autoridades electorales. 

Por ejemplo, el presidente húngaro Viktor Orban, líder de la agrupación política Fidesz, colonizó al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y la Oficina del Defensor del Pueblo, a través de posicionar en ellas a funcionarios leales a su proyecto político. Sendas autocráticas similares siguieron figuras como Hugo Chávez en Venezuela, Alberto Fujimori en Perú o el partido político polaco Ley y Justicia. 

En este aspecto, dejando fuera a la Fiscalía de la Nación que nunca ha ejercido tal papel, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos subordinada marcadamente al ejecutivo a partir del 2018, en la democracia mexicana contamos con algunos árbitros esenciales. Y precisamente, la reforma electoral expuesta por el presidente mexicano, amenaza a una de estas instituciones clave. 

Bajo el barniz de depositar en el pueblo un mayor poder de decisión sobre las autoridades electorales mexicanas, uno de los puntos de la reforma sugiere la elección directa como mecanismo de composición del instituto y del tribunal electoral, lo cual lejos de incrementar la representatividad, vulneraría el poder de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. 

Al respecto de esto último, el informe de la Comisión de Venecia, una comisión de la Unión Europea especializada en monitorear a los sistemas democráticos, alerta que además del riesgo de disminuir drásticamente las calificaciones técnicas de los funcionarios de la autoridad electoral, la propuesta que cobija MORENA, desequilibraría de manera importante la cancha en favor del partido político en el poder y restaría imparcialidad al nuevo organismo electoral.  

En otras palabras, de llevarse a cabo, la reforma pondría en riesgo dos logros de nuestra incipiente democracia. El de generar incertidumbre con respecto a qué agrupación política gobernará en un futuro determinado en los distintos niveles de gobierno, lo cual conlleva que los votos se cuenten bien y cuenten para algo. Y el de garantizar que ningún bloque político sea capaz de imponer sus intereses de forma completa y continua. 

Con lo anterior, de ninguna forma quiero sugerir que las autoridades electorales mexicanas funcionen de maravilla. Son instituciones ampliamente mejorables que no han sido capaces de cerrarle el paso a diversas prácticas que diezman la democracia, sin embargo, la actual propuesta de reforma no tiene la intención de fortalecerlas, al contrario, las debilita.

De ser aprobada tal cual está planteada, legalizaría la posibilidad al gobierno en turno de colonizar a uno de los árbitros más importantes, el electoral. Una vez teniendo la posibilidad de establecer elecciones a modo, la fuerza política favorecida podría colonizar fácilmente a los demás poderes e instancias del Estado, con lo cual las condiciones para la articulación de un sistema autoritario estarían listas.  

Con la polémica reforma electoral, México corre el riesgo de montarse en esta ola de países en los que fuerzas autoritarias buscan subvertir la democracia.