La universidad y los regímenes autoritarios: el caso de Nicaragua
31/08/2023
Autor: Dr. Herminio S. de la Barquera y A.
Cargo: Profesor Investigador Escuela de Relaciones Internacionales

Cuando uno revisa la historia de la universidad como institución medieval, pero cuyas raíces alcanzan a extenderse a la Antigüedad, queda claro que uno de los elementos más apreciados, valorados y esenciales de la vida y del quehacer universitarios es la libertad: libertad para pensar, para leer, para expresarse; libertad de cátedra, de investigación, de reflexión, que valen por igual para los dos actores substanciales de la universidad, sin los cuales esta no existiría: profesores y alumnos. Es por eso que la universidad como institución de libertades y de búsqueda de la verdad ha sido vista a lo largo de la historia con recelo y desconfianza por parte de los autócratas y tiranos, pues se le considera semillero de rebeldes, cuna de amantes de la libertad y guarida de enemigos de los malos gobernantes. 

Eso explica por qué los tiranos, a lo largo de la historia, han tratado de controlar lo que ocurre en las universidades, de someterlas a sus designios o, en el peor de los casos, de clausurarlas. Ejemplos de esta forma de proceder sobran, como podemos ilustrar, tan solo en el siglo XX, con los casos de Adolf Hitler, de Iósif Stalin o de Mao Zedong. En el mundo de la posguerra, los movimientos sociales del 68 –en Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros- arrancaron, no por casualidad, en ambientes universitarios. En México, si bien obedeciendo a otras causas, en la misma época también hubo conflictos severos que desenmascararon al régimen autoritario y que también se originaron en algunas universidades.

Las difíciles relaciones entre las autocracias y el espíritu libertario de las universidades se deben, en principio, como vemos, a que la libertad que la vida universitaria requiere para poder existir choca con la necesidad de los dictadores de restringir los derechos y libertades de la población. Un aspecto importante que todo dictador o tirano debe atender es que las personas que piensan son peligrosas. ¿A qué dictador le conviene que haya gente pensante? ¿Qué tirano fomenta entre sus súbditos el pensamiento crítico? ¿A qué régimen autoritario le viene bien la libertad de cátedra, de expresión y de enseñanza? Parodiando al grupo argentino “Les Luthiers” -cuando habla de los programas televisivos de concurso-, en las dictaduras “el que piensa, pierde”.

Por todo lo anterior no es difícil entender lo que está pasando, desde hace algunos años, en Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina: el dictadorzuelo Daniel Ortega sigue clausurando universidades e instituciones de educación superior, pues en ellas se fomenta el espíritu libertario, el pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones alternativas y el respeto a quienes piensan diferente. Es decir, las universidades nicaragüenses eran prácticamente los últimos reductos de la democracia y de la libertad, por lo que ya son casi treinta instituciones de educación superior que Ortega ha mandado clausurar, a lo que se suma la confiscación de sus bienes y, muchas veces, el arresto o persecución de sus académicos y dirigentes.

El último caso ha sido el de la Universidad Centroamericana (UCA), de la Compañía de Jesús y con sede en Managua, una de las universidades de más prestigio no sólo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Para poder cumplir con su objetivo de maniatar a la UCA, el gobierno de Ortega no sólo la clausuró, sino que además revocó sus certificaciones para impedir que cumpla con sus tareas de enseñanza, le suspendió el financiamiento estatal, ocupó sus instalaciones, expulsó a los jesuitas de su residencia, le cambió el nombre a la universidad y le impuso nuevas autoridades, por supuesto que afines al régimen.

Esto quiere decir que los regímenes dictatoriales no sólo persiguen a sus opositores políticos, sino que también buscan controlar el pensamiento de la población, para evitar que cobren fuerza los que piensan diferente al régimen. Por eso, los meses recientes han sido muy dramáticos: hace poco, el gobierno de Ortega expulsó del país a 222 opositores; también la ha emprendido contra la Iglesia católica, a la que ya logró dividir; el nuncio apostólico fue igualmente expulsado de Nicaragua, un obispo fue enviado a la cárcel y las procesiones de Semana Santa fueron prohibidas. La explicación del dictador es que “los obispos, los curas, los papas son una mafia”. Esto movió al papa Francisco, en una entrevista concedida a INFOBAE, en marzo de este año, a insinuar que Daniel Ortega sufre algún tipo de “desequilibrio” y que encabeza una suerte de dictadura “grosera”. Es más, el papa empleó, como una “distinción linda de Argentina”, el término “una dictadura guaranga”, para decir que se trata de una dictadura descarada, grosera y vulgar.

Según su constitución, Nicaragua es una democracia presidencial con un parlamento unicameral. El presidente desde 2007 es Daniel Ortega, quien gobernó el país durante once años después de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. El gobierno, la administración, el poder judicial, las autoridades electorales, casi todos los medios de comunicación y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) están controlados por la familia presidencial. Como es de suponerse, los procesos electorales para designar al Presidente de la República no cumplen con los requisitos mínimos para una elección libre, plural y justa según los cánones de las democracias liberales.

Nicaragua se encuentra en una profunda crisis desde la violenta represión de las protestas de 2018 que dejaron al menos 355 muertos. Desde entonces, la represión ha aumentado constantemente. El sistema político está adquiriendo cada vez más rasgos autoritarios. Desde mayo de 2021, son más de 3 000 organizaciones de la sociedad civil las que han sido prohibidas y alrededor de 300 representantes de la oposición, los medios de comunicación, de la Iglesia católica, el sector privado y la sociedad civil han sido detenidos, expulsados del país o condenados a largas penas de prisión. Desde entonces, muchos otros han escapado al exilio o a la clandestinidad; a algunos, incluso, se les ha retirado la nacionalidad nicaragüense.

Nicaragua ha sufrido dos experimentos políticos extremos en los últimos 25 años: una revolución socialista seguida de un liberalismo radical de mercado. Según indicadores comunes para las comparaciones internacionales de los niveles de desarrollo, Nicaragua está muy lejos de cruzar el umbral de la etapa de desarrollo. Al contrario: incluso en comparación con sus vecinos centroamericanos, que todavía tenían condiciones iniciales y niveles de desarrollo comparables a finales de los años 1970, Nicaragua ha seguido rezagándose continuamente hasta el día de hoy.

Por tercera ocasión consecutiva, en 2021 los nicaragüenses eligieron a Daniel Ortega como su presidente en una elección muy dudosa. Con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente, Ortega encabeza una etapa de transición en Nicaragua, que está en proceso de pasar de una autocracia a una dinastía familiar, como no se veía desde que estaba en el poder el dictador Somoza.

Lo anterior debe ayudarnos a entender que los dictadores la emprenden, por necesidad, contra las universidades, sean públicas o privadas. El embate, en múltiples frentes, que el gobierno de la “4T” encabeza contra las instituciones de educación superior en México no es, por lo tanto, un fenómeno aislado, sino que se inscribe en los parámetros “normales” de todo autócrata, por lo que debemos estar dispuestos a defender este bastión de libertades y de pensamiento crítico, esencial para toda sociedad. Recordemos que los autócratas no distinguen entre universidades privadas y públicas, como podemos apreciar en México, en donde ambos tipos de instituciones están bajo el fuego del presidente López. También debemos resaltar que el ataque contra las universidades es una medida que emprenden tiranos de todos colores, tanto los que se dicen de “izquierda”, como los nacionalistas o los de “derecha”. También es importante señalar que la defensa de las libertades no solamente debe hacerse con la retórica, sino que debe estar fundamentada en el ejemplo y la congruencia. El adversario al que nos enfrentamos es muy fuerte y no solamente se distingue por su naturaleza antidemocrática, sino que además es retrógrado, conservador, rencoroso, ignorante y obscurantista.