En nuestra columna de la semana pasada hablábamos acerca de las políticas de gestión de catástrofes naturales, movidos por la destrucción provocada por el huracán “Otis”. Dimos cuenta, entre otras cosas, de que el gobierno mexicano, en sus diferentes órdenes –municipal, estadual y federal- no avisó a tiempo y con la energía suficiente acerca del desastre que se aproximaba a las costas de Acapulco y sus alrededores. Es decir, no se trata solamente de avisar, sino de organizar a la población para que tome las medidas adecuadas, con el tiempo suficiente, que le permitan enfrentarse al huracán en mejores condiciones. Debe pensarse especialmente en actuar para que la población que está en situaciones de particular riesgo se resguarde. Pensemos en que hubo personas que murieron a pocos pasos de escuelas habilitadas como refugios, que muchos marineros fallecieron porque nadie les avisó que debían llevar sus embarcaciones a otros puertos para guarecerse del huracán, que muchos turistas creyeron estar a salvo en sus habitaciones situadas en pisos superiores, pero que, en realidad, en esos cuartos estaban en un verdadero peligro. Para cuando el Presidente López envió un mensaje por “X” (antes “Twitter”), el martes por la noche, ya era prácticamente imposible salir a la calle y buscar un refugio adecuado.
También consignamos que es mentira que el gobierno federal no supiera de lo que se acercaba o de que el huracán pasó demasiado rápidamente a categoría 5; para sustentar nuestra afirmación citamos los comunicados del Servicio Meteorológico nacional y de la Comisión Nacional del Agua, que desmienten tal supuesta ignorancia, al mencionar, desde el lunes 23, la potencial peligrosidad de “Otis”. Sin embargo, ni la gobernadora de Guerrero, ni la presidente municipal de Acapulco, ni la Coordinadora Nacional de Protección Civil, ni las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tomaron las medidas pertinentes para mitigar los daños a la población civil. En estos días recientes, los medios de comunicación han mostrado más pruebas de esta indolencia criminal.
El día de hoy haremos, siguiendo el mismo derrotero de la semana pasada, algunas reflexiones acerca de las políticas de reconstrucción después de un desastre natural.
Existe, en comparación con otros campos de la política, poca literatura especializada acerca de políticas públicas de reconstrucción de ciudades. Con base en la experiencia obtenida en diversos lugares del mundo en donde los habitantes se han tenido que concentrar en la reconstrucción del lugar en el que habitaban, podemos afirmar que la reconstrucción de las ciudades, entendida como una “gestión de desastres”, es un proceso recurrente, en donde el compromiso de los habitantes de la ciudad con su entorno construido –y ahora destruido- es intensivo y permanente. Los procesos de reconstrucción iniciados suponen que existe en la población un sentido de autocomprensión a través de las edificaciones que existían antes de la catástrofe, muchas de las cuales favorecían la existencia de una identidad compartida: catedrales, palacios, hoteles emblemáticos, malecones, monumentos, etc. Los procesos de reconstrucción a menudo favorecen un realineamiento de los patrones políticos locales, pues es posible que los electores castiguen en las urnas al partido o a los políticos que ante sus ojos aparecen como ineficientes, culpables o corruptos. Esta “sanción electoral” también puede ser positiva, en caso de que la percepción que se tenga de los políticos sea favorable. Vale la pena señalar que, si los electores viven en libertad, castigarán en las urnas a los que consideren como malos políticos o como funcionarios ineficientes.
Las catástrofes naturales traen consigo consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales a nivel local y regional; en ocasiones, estas consecuencias se hacen sentir inclusive a nivel nacional e internacional. Los desastres “naturales”, según los enfoques de la ecología política y la investigación etnológica actual sobre desastres, no son sólo eventos naturales de diversos tipos (por ejemplo, meteorológicos y geofísicos), sino eventos complejos en la interfaz de las interacciones mutuas entre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Un terremoto, una inundación, una erupción volcánica o un huracán no sólo tienen consecuencias inmediatas en cuanto a la destrucción causada, sino también consecuencias indirectas y de más largo plazo que inicialmente son difíciles de entender y cuantificar. Por un lado, estas consecuencias surgen de una nueva integración de la zona del desastre en el contexto regional, nacional e internacional, por ejemplo, a través de medidas gubernamentales, programas de ayuda internacional y las actividades de las ONG nacionales e internacionales, pero por otro lado también a través de cambios sociales, generalmente involuntarios, que tienen lugar en la propia sociedad local, provocadas, por ejemplo, por muertes en la familia y en círculos cercanos, la destrucción de propiedades, de la infraestructura crítica y de las oportunidades de ingresos.
Estas consecuencias no se eliminan ni se olvidan de ninguna manera con las medidas de reconstrucción; mejor dicho, podemos constatar que la reconstrucción en sí debe considerarse como un proceso que interviene masiva y permanentemente en las condiciones locales de vida. Implica el encuentro de diversos actores externos, estatales y no estatales, con actores locales (grupos políticos, grupos de parentesco, barrios, hogares e individuos), quienes, cada uno representando sus propios intereses, persiguen objetivos y tiempos de reconstrucción muy diferentes. Estas interacciones con actores externos pueden ser conflictivas y problemáticas para los actores locales, o pueden crear nuevas oportunidades para cambiar las relaciones de poder locales prevalecientes a su favor (y en detrimento de otros actores).En el caso concreto de las tareas de reconstrucción del territorio asolado por “Otis”, podemos proponer un primer paso que se ocupe de las estrategias locales de reconstrucción de edificios residenciales y de casas habitación destruidos en el contexto de la situación social, económica y política de los hogares y sus miembros que cambió bruscamente debido a la catástrofe. Estas estrategias deben estar determinadas crucialmente por el acceso a los recursos sociales (redes de suministro de alimentos, recursos financieros, conocimientos técnicos, etc.) y, por lo tanto, también están vinculadas a la participación de actores locales en programas de vivienda estatales y no estatales. Estos programas darán a los actores locales una consideración desigual, por ejemplo, porque no todos cumplen con ciertos criterios para recibir apoyos, no todos tienen alguna red con la administración o tienen dificultades para realizar los trámites generalmente engorrosos de la complicada administración pública mexicana en sus diferentes órdenes (municipal, estadual y federal). Esto se verá notablemente agravado por la desaparición del FONDEN, pues no se trata solamente de dineros, sino de mecanismos de acción y de la actuación de expertos en estos menesteres de canalizar en tiempo y forma los recursos directamente por los canales más adecuados. Estos mecanismos ya no existen y esos expertos ya no trabajan allí. Por lo tanto, la política de reconstrucción organizada centralmente desde el ámbito federal (o peor aún, desde el Palacio Nacional) puede encontrar rechazo y críticas en los contextos locales. Será muy interesante observar hasta qué punto estas actitudes críticas y de descontento de los actores locales se traducirán en compromisos políticos o en cambios en los equilibrios políticos locales y regionales.El segundo momento debe abordar los efectos sociales y económicos de la catástrofe y de la política estatal de reconstrucción sobre los empresarios locales, quienes son los mayores empleadores. Hay que pensar, por un lado, en las nuevas oportunidades de empleo –aunque sean temporales- que han surgido debido a las nuevas condiciones sociales y económicas, como son las imperiosas necesidades de retirar las toneladas de escombros que aún están por todos lados. También hay que considerar las estrategias de adquisición de equipos e infraestructura que los empresarios tienen que desarrollar a partir de ellas y en su importancia para las diferentes perspectivas de los empresarios locales para las medidas de reconstrucción estatales. Hay que examinar los retos, deseos y demandas de los empresarios individuales frente a los diferentes órdenes de gobierno, pues es urgente que la gente tenga un empleo lo antes posible, para evitar la emigración de los habitantes, muchos de ellos con altas capacidades en los ramos en los que trabajaban antes de la desgracia, generalmente en el sector turismo y servicios. Otro aspecto que hay que considerar es si aparecen diferentes formas de resistencia política y civil frente a las medidas de reconstrucción dirigidas por el Estado.La reconstrucción de una zona devastada por un huracán debe estar muy bien planeada, aprovechando la oportunidad para eliminar definitivamente los vicios y defectos que existían en la zona antes de la catástrofe, por lo que todo debe estar muy bien planeado. Aquí el problema es que “el sello de la casa” del gobierno del Presidente López se caracteriza por tres elementos: la improvisación, las ocurrencias y las prisas. Mis cuatro fieles y amables lectores lo saben mejor que nadie: Acapulco ya estaba, desde hace años, en penosa decadencia, tanto por su infraestructura vieja y olvidada, como por las pésimas condiciones de su crecimiento urbano (me resisto a llamarle “desarrollo” urbano), sin olvidar una variable importantísima: la fuerza de la delincuencia organizada, ama y señora de la ciudad y de amplias zonas del estado de Guerrero.Una última consideración: no se trata de reconstruir Acapulco de aquí a la Navidad, como acaba de externar el presidente López. Esto debe hacerse con planeación y conocimiento, y tardará varios años. Estamos ante una oportunidad única de rehacer a toda esta zona de una mejor manera, para que la gente viva mejor y se encuentre más protegida en el caso, cada vez más probable, de la ocurrencia de fenómenos naturales similares. Y en cuanto a los dineros, será mejor que el gobierno federal se haga a la idea: 60 mil millones de pesos no son nada; yo no soy experto en esto de calcular los costos de una reconstrucción así, pero los que sí lo son hablan de que al menos se requerirá de una cantidad cinco o seis veces mayor. 60 mil millones de pesos es, de todas formas, menos, mucho menos, de lo que el gobierno federal le inyectó al agonizante PEMEX entre enero y septiembre de este año. ¿Qué será más importante para el Presidente?
