Los gobiernos de México y Argentina informaron el lunes 26 de junio de 2021 que llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua sobre las acciones del gobierno de Daniel Ortega de los últimos días, que – según nuestro embajador Gustavo Alonso Cabrera – “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses”. Andrés Manuel López Obrador indicó en un pronunciamiento oficial: “México y Argentina se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona con independencia de su nacionalidad y/o profesión”.

¿Qué ha provocado un acto tan serio como el retiro de nuestro embajador en Nicaragua? La explicación es simple: De cara a las elecciones presidenciales de 7 de noviembre de 2021, el presidente Daniel Ortega ha iniciado una campaña brutal de detenciones arbitrarias y persecuciones contra críticos del gobierno incluidos prominentes opositores políticos, defensores de derechos humanos y destacados periodistas. Entre los candidatos a la presidencia se encuentren personalidades destacadas como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Sequiera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, todos arrestados en Managua o en exilio en Costa Rica. Y ahora el régimen ordenó arrestar al distinguido periodista Miguel Mora, quien se convirtió en el quinto precandidato presidencial detenido e incomunicado.

El gobierno se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar restricciones drásticas que socavan gravemente los derechos humanos fundamentales, así como una “reforma” electoral que, en la práctica, facilita la posibilidad de inhabilitar opositores políticos. El gobierno también ha retenido el control del Consejo Supremo Electoral permitiendo la designación de miembros del Consejo – todos ellos seguidores de Ortega – y este nuevo Consejo canceló la personalidad jurídica de uno de los dos partidos políticos. Además, Daniel Ortega ha estado en poder ininterrumpido como presidente desde 2007 y en 2009, bajo enorme presión de Ortega, la Suprema Corte de Nicaragua permitió ignorar una prohibición constitucional a la reelección del presidente y postularse a un segundo mandato consecutivo. Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido, que controla la Asamblea Nacional, completamente derogó los límites al periodo presidencial, potencialmente permitiéndole convertirse en presidente vitalicio.

Ante esta alarmante situación, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron, el martes 27 de junio, una declaración conjunta en la que condenaron categóricamente la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la liberación inmediata de los opositores detenidos y la celebración de elecciones libres. El 15 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución – aprobada por 26 países – en el mismo sentido y con la misma exhortación.

Inexplicablemente, el gobierno de la 4T ahora se ha negado a adherirse con la ONU y la OEA contra el gobierno de Daniel Ortega y ha rechazado categóricamente estos dos documentos internacionales. ¿Podría ser que AMLO – después del acto correcto de llamar a nuestro embajador – ahora quiere anular este acto y aliarse con el dictador de Nicaragua en franca contravención al Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para México? ¿Esperaríamos un embargo económico por parte de Estados Unidos de América como una medida de castigo por el apoyo a los gobiernos dictatoriales?