La política de seguridad es el conjunto de medidas tomadas por los Estados nacionales para mantener su seguridad interior y exterior, con el objetivo de garantizar la integridad de la sociedad frente a amenazas y ataques provenientes del entorno internacional. Los medios que se utilizan son generalmente la disuasión, la eliminación de hipótesis de conflicto entre vecinos, las alianzas y las políticas de control de armamentos y de desarme. Sin embargo, la política de seguridad tiene metas más ambiciosas y se complementa con medidas tomadas también hacia adentro. En un Estado democrático de libertades, las medidas tendientes a evitar conflictos entre los ciudadanos, a proteger tanto su integridad física como sus posesiones y a garantizar la invulnerabilidad del propio Estado deben estar apegadas al derecho.

Desde el fin de la Guerra Fría -es decir, desde aproximadamente la década de los 90 del siglo XX- ha aumentado la importancia de los aspectos no militares de la seguridad nacional, particularmente en lo referente a los rubros de la seguridad económica y medioambiental, al grado que son considerados como de suma importancia en algunos estamentos militares y de defensa como los de Argentina, Brasil y México. En la actualidad, el mantenimiento y la reinstauración de la paz, la búsqueda de soluciones pacíficas en los conflictos y tensiones entre las naciones y el aseguramiento de la estabilidad en las relaciones entre los países, así como el resguardo de las fronteras y de la integridad del territorio nacional, la salvaguarda de la dignidad de las personas y la creación de condiciones propicias para el desarrollo económico y la sana convivencia de los habitantes, son elementos esenciales de la política de seguridad, por lo cual, al conjunto de medidas políticas, militares, legales y de otro tipo, que ayuden a garantizar los puntos anteriores hacia adentro y hacia afuera de un Estado, se le conoce como política de seguridad

Todos estos elementos ayudan además a proteger los intereses que cada Estado tiene. En el caso de un país democrático, la política de seguridad persigue el objetivo de crear las condiciones propicias para un desarrollo y una convivencia respetuosa de la dignidad de las personas, que garanticen además sus libertades y su seguridad personal, así como su derecho a gozar de condiciones sociales y económicas acordes a su dignidad. Es por eso que muchos expertos se han alarmado a raíz de la aprobación en nuestro país de la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia” en materia de seguridad pública, pues consideran que vulnera derechos fundamentales: ahora, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional estarán facultadas para acceder a datos personales, biométricos, bancarios, de salud, telefónicos y académicos de cualquier persona, sin necesidad de una orden judicial, sin notificación previa o posterior y sin posibilidad de impugnación o defensa por parte del implicado. Esto nos coloca a todos en un estado de notable indefensión frente a abusos presuntos o reales por parte del Estado o del gobierno.

Otros intereses que las políticas de seguridad deben perseguir son: garantizar la soberanía nacional, así como la defensa de la integridad del territorio estatal, es decir, del suelo, islas, mares adyacentes, aguas de los mares territoriales y el espacio aéreo sobre el territorio nacional, de acuerdo a las normas del Derecho Internacional y como podemos leer en el artículo 5° de la Constitución Política mexicana.

En términos de la política real, resulta muy peligroso para un Estado fuerte dejar que otros sean quienes determinen las condiciones internacionales en su entorno, particularmente aquellas que son más caras para sus intereses nacionales, por lo que muchos Estados, tanto democráticos como no democráticos, prefieren intervenir activamente en la configuración del escenario mundial o bien prevenirse ante dichos cambios o tratar de remediarlos después de haber caído en la omisión, como vemos en el caso de Europa tratando de rearmarse ante la amenaza rusa y después de 30 años de dejar su propia seguridad en manos de los Estados Unidos, el rearme de Japón e India y los procesos de modernización de las fuerzas armadas en Brasil, Chile y Colombia, así como el desarrollo nuclear de Irán y Corea del Norte. La política de seguridad en el siglo XXI ha dejado de ser un asunto nacional o regional para convertirse, querámoslo o no, en una tarea global, ya que los Estados se enfrentan a nuevos riesgos, peligros, amenazas, crisis y conflictos, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Estas situaciones son de naturaleza tan compleja que no pueden ser solucionadas por un solo actor, sino que se requiere del concurso de varios de ellos.

El terrorismo internacional, la delincuencia organizada, la proliferación de armas de destrucción masiva, la inestabilidad de muchos países y el fracaso de muchos Estados para enfrentar tales problemas conforman un ramillete de riesgos globales y asimétricos que han colocado a las fuerzas armadas ante nuevas tareas. Así, las labores tradicionales que estas tenían que cumplir, tales como desarrollar la capacidad para la defensa nacional, ser instrumentos de disuasión y, en caso de necesidad, estar en condiciones de enfrentar militarmente al enemigo, han sido paulatinamente complementadas por otras tareas de características distintas: prevención de conflictos, solución de situaciones de crisis, lucha contra la piratería, contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Esto ha tenido y tendrá en el corto plazo un impacto particularmente mayor sobre todo en las fuerzas armadas de los países en desarrollo, donde generalmente los aparatos militares suelen substituir la falta de consolidación burocrático-legal de sus respectivos gobiernos civiles, es decir, tienen que cumplir labores que en otros países están en manos de autoridades civiles bien consolidadas y estructuradas.

El caso de México es ilustrativo: las fuerzas armadas no sólo deben realizar labores policíacas en contra de la delincuencia organizada, sino que también combaten incendios forestales, cuidan casetas de peaje, vigilan a los “huehues” en la época de carnaval, intervienen en primera instancia antes catástrofes naturales, llevan el registro de la posesión de armas, realizan labores de reforestación, protegen a bañistas en las playas, construyen vías férreas, bancos y aeropuertos, administran líneas aéreas, aduanas, puertos, aeropuertos y hoteles, realizan tareas de policía marítima y de guardia costera, custodian material electoral, etcétera. Y, encima, la Guardia Nacional ya está adscrita y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, este fortalecimiento de las labores de las fuerzas armadas mexicanas en tareas que en realidad no pertenecen a la naturaleza de las funciones de un aparato militar, sino que deberían situarse en la esfera de autoridades civiles tanto federales como locales, no va acompañado de la necesaria modernización para cumplir igualmente las labores y funciones que sí pertenecen a su naturaleza: la defensa nacional, con su necesaria capacidad operativa, la adecuada capacitación y formación del personal militar, una alta moral y espíritu de cuerpo de las tropas y un mando militar de probada capacidad. Estos elementos disuasorios deben complementarse con la voluntad y la capacidad políticas, que también deben mostrarse en caso necesario, de echar mano de la fuerza militar, si así lo requiriesen las circunstancias, para defender los intereses propios con toda energía y convicción. Se trata, sin duda, de un elemento fundamental que sustenta la fortaleza y la presencia de un Estado en el ámbito internacional.

El sexenio 2018-2024 se significó por un abandono de proyectos de modernización de armamento que ya eran más que evidentes y necesarios, en aras de una mala comprensión de lo que es la austeridad presupuestaria (que muchos bautizaron como “austericidio”): una cosa es gastar mal y otra es invertir bien. En las fuerzas armadas es necesario invertir, y eso dejó de hacerse. Veamos algunos ejemplos, tan solo de la Armada de México.

(1) La Secretaría de Marina había solicitado la continuación del ambicioso proyecto de la “Patrulla Oceánica de Largo Alcance” (POLA), en colaboración con una firma holandesa. Se trata de uno de los navíos de combate más sofisticados construidos en América Latina. El proyecto inicial, que constaría de 8 buques, se quedó en uno solo, sin el equipamiento necesario. (2) También se suspendió la adquisición de 8 helicópteros multimisión MH-60 R, con el armamento correspondiente. (3) Dos helicópteros NH-90 NFH, complemento indispensable de la POLA. (4) La misma institución había solicitado la compra de seis misiles tierra-aire de corto y mediano alcance Evolved Sea Sparrow (ESSM), diseñado para defender buques de guerra contra amenazas como misiles antibuque, aviones y drones; 6 misiles RGM- 84L Harpoon Block II, 23 misiles Rolling Airframe Missile (RAM), seis torpedos livianos MK-54, entre otros sistemas. (5) Tres helicópteros de transporte Mil MI-17.

Como hemos indicado, se trata nada más de algunos ejemplos en una sola institución. Faltaría hacer una revisión tanto del Ejército como de la empobrecida Fuerza Aérea, que se ha quedado ya prácticamente sin la capacidad de ejercer la soberanía aérea, pues ya nada más quedan dos o tres cazas operativos F-5, sobre todo después del accidente que tuvo uno de ellos en mayo pasado en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, al colapsar su tren de aterrizaje trasero. Más que una “fuerza” aérea, la FAM se ha degradado hasta ser hoy prácticamente un servicio de transporte aéreo del ejército.

Un país con la importancia económica de México (que se sitúa entre las primeras 15 economías del mundo) debe invertir de tal manera en sus fuerzas armadas, que pueda estar en condiciones de defender sus intereses, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia organizada y contra el saqueo de sus recursos naturales. Una política responsable de defensa nacional se basa en gran medida en la prevención y en la disuasión, pero también en el convencimiento de que no todos los peligros pueden ser evitados con medidas profilácticas. Los problemas pueden enfrentarse de mejor manera cuando se posee una visión realista de ellos y, vale la pena subrayarlo, cuando se tiene la capacidad y la determinación de enfrentarlos.