Desde una perspectiva global, la competitividad es la capacidad de las economías de generar y mantener el crecimiento de forma tal que todos los individuos obtengan algún tipo de beneficio tangible. Existen múltiples variables que componen la competitividad, y distintas formas de integrar dichas variables. Entre los indicadores de mayor importancia destacan la inversión en educación -desde el nivel básico hasta el superior y la capacitación para el empleo-, la seguridad, servicios de salud, infraestructura para el transporte, el abasto de energías -de preferencia limpias-, inversiones en tecnología, la confianza en las instituciones, y la capacidad para la innovación, así como la eficiencia de los mercados de trabajo, de bienes y servicios y financieros, entre otros.

El Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad del IMD de Suiza genera perfiles de competitividad sobre distintas economías a nivel global, entre las cuales se encuentra México.  Los resultados del país en 2023 no fueron nada alentadores. En los últimos cinco caímos de la posición número 50 a la 56 de un total de 64 economías analizadas.

Al analizar el panorama general de competitividad, México ocupa la posición número 54 en cuanto a desempeño económico en el comercio internacional. En términos de la eficiencia gubernamental, la situación es aún menos alentadora ya que México ocupa la posición número 61 en cuanto a legislación para los negocios. Si se analiza la eficiencia de los negocios, el mayor problema que enfrentamos es la gestión financiera por lo que el país se ubica en la posición número 60. Finalmente, en lo que respecta a la infraestructura tecnológica, nos encontramos en el lugar 62.

Desde el año pasado se planteaba como uno de los retos más importantes el mejorar el entorno de los negocios con mayor certidumbre, mejor justicia, seguridad y democracia, implementar infraestructura logística que permita aprovechar las ventajas del nearshoring (deslocalización cercana); mejorar las relaciones con economías relevantes como el caso de los Estados Unidos;  la promoción de reformas estructurales para mejorar la educación a todos los niveles así como impulsar la generación de energías limpias, cuestiones que estamos muy lejos de poder cumplir.

En 2024, los retos y la incertidumbre se agudizan por ser un año electoral. Las posibles inversiones vinculadas al entorno de los negocios se han vuelto, hasta cierto punto, impredecibles.

La competitividad de las naciones se encuentra estrechamente vinculada con la calidad de vida de los habitantes, que incluye, entre otros factores, seguridad, educación, salud, acceso a una vivienda digna, trabajo decente, ingreso suficiente, acceso a servicios, medio ambiente saludable, compromiso cívico y gobernanza, satisfacción personal, balance vida-trabajo y sentido de comunidad.

Existen variables comunes para medir la competitividad y el bienestar. Destacan de manera particular problemas en cuanto a la seguridad, la educación y la salud. 

Los tres problemas son por demás graves. El incremento en los índices de violencia e inseguridad están afectando la libertad, la vida pública, el emprendimiento, el turismo, la migración e incluso las decisiones de empresas nacionales para mantener sus puertas abiertas y otras transnacionales con respecto a instalarse en el país.

Tenemos una de las tasas más bajas de escolarización de jóvenes entre los 15 y los 18 años en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de una de las tasas más elevadas de deserción escolar.

Y de la salud, ni hablar. No hay suficientes recursos para garantizar una atención de calidad que permita resolver los problemas que aquejan a la población. No solo no hay medicamentos, sino que además no se ha invertido lo necesario en infraestructura hospitalaria y menos aún en equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ocupamos el último lugar de los países miembros de la OCDE en servicios de salud, y los mexicanos están teniendo que gastar más de su ingreso en pagar servicios privados y medicamentos, lo cual a los más pobres los coloca en una posición aún más vulnerable.

Estudios a nivel internacional han demostrado que cuando se invierte en mejorar el bienestar,  la competitividad se incrementa de manera sustancial. No se necesitan soluciones rápidas para solventar los problemas de forma temporal. Se requiere una adecuada planeación y un compromiso total. El futuro gobierno deberá realizar inversiones de largo plazo para resolver los problemas estructurales que afectan tanto a la educación, como a la seguridad y la salud. Si queremos incrementar  la competitividad, el camino es elevar la calidad de vida.