Los desastres perjudican sobre todo a las personas pobres y vulnerables. Entre 1995 y 2014, el 89% de las muertes relacionadas con tormentas se registraron en países de ingreso bajo, incluso cuando sólo el 26% de ellas ocurrieron en esas naciones.

En la comunidad de San Marcos Guaquilpan, en el vecino estado de Tlaxcala, la tarde del domingo 9 de abril se presentó un evento coloquialmente conocido como granizada atípica, clasificada como un fenómeno hidrometeorológico por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Este evento fue perturbador pues, entre sus resultados, destacan 60 construcciones colapsadas, con techumbres de grandes claros, incluida la de una escuela pública de nivel básico. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas en comparación con otro evento similar ocurrido el año de 2021 en el Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, donde una persona desafortunadamente falleció. Y es que este tipo de fenómenos naturales, recordemos, son recurrentes en varias regiones de nuestro país.

La Ley General de Protección Civil, en su última modificación realizada en 2021, define un desastre como “el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada”.

Cabe mencionar que los desastres ocurridos en México en los últimos años pueden prevenirse y, hasta cierto punto, evitarse. Según la misma ley referida, los gobiernos de los tres niveles deben promover una gestión integral de los riesgos, mediante acciones de prevención más que de reacción. Una de estas acciones de prevención es el desarrollo e implementación de los “Atlas de Riesgos” de los municipios y estados de todo el país. Sin embargo, en México sólo 2 de cada 10 municipios cuenta con este instrumento de gestión del riesgo, y habría que ver si los atlas existentes están bien realizados y/o actualizados.

Por lo anterior, aprovecho este medio para hacer un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, principalmente a las que tienen que ver con la infraestructura, tanto escolar como hospitalaria. Esto porque existen varias escuelas cubiertas con techumbres similares donde se ha observado que fallan ante la carga de granizo.

Casos de particular importancia son las construcciones hospitalarias que se encuentran expuestas en zonas de riesgo, y que son vulnerables tanto a los fenómenos hidrometeorológicos (viento, granizo, tormentas, inundaciones) como a los geodinámicos (sismos, deslizamiento de laderas). Por último, comentó que la Ingeniería Civil aporta su parte para reducir el riesgo de desastres con construcciones resilientes y adecuadas a la zona de su construcción. Entonces, queda en las autoridades hacer caso de las recomendaciones que se les han hecho con anticipación y no esperar a que la naturaleza nos dé la razón a los Ingenieros.