El veredicto de la corte del este de Nueva York, que calificó como culpable de tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante los años de 2006 a 2012, tiene importantes implicaciones internacionales e internas que vale la pena analizar.

En un nivel intergubernamental, el veredicto contra el otrora superpolicía se enmarca en un proceso de erosión de la confianza y cooperación entre agencias de seguridad y antinarcóticos de Estados Unidos y México que ha venido teniendo lugar desde hace años.

Son varios los ejemplos que dan cuenta de lo anterior. Por mencionar algunos, en el año 2020, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) articuló la aprehensión del exsecretario de defensa mexicano del sexenio anterior, e hizo patente su irritación al constatar que, tras su repatriación a México, el General Cienfuegos, no enfrentó ningún proceso de investigación serio. Tras ese episodio, el gobierno mexicano respondió reformando la ley de Seguridad Nacional, para limitar, y entorpecer dirían algunos, las operaciones de agencias de seguridad e inteligencia externas en el país, lo que ostensiblemente ha irritado a las estadounidenses. 

La semana pasada, la directora de la DEA declaró ante el senado estadounidense que México no hacía suficiente para contener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y que, además, no compartía información importante sobre sus acciones para este objetivo prioritario. Si a estas declaraciones de altos oficiales sumamos las del Jefe del Comando Norte, que el año pasado aseveró que un 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por organizaciones criminales; el veredicto de García Luna alimenta la creciente desconfianza e irritación intergubernamental. Situación que a su vez seguramente trastoca, desorganiza e inhibe los esfuerzos conjuntos para combatir un problema binacional y transnacional, que requiere forzosamente, de la cooperación y la confianza mutua de las agencias estadounidenses y mexicanas involucradas.

Además de ello, el veredicto reforzará otro de los grandes obstáculos en este tema bilateral. Me refiero a la narrativa dominante en los círculos políticos de Estados Unidos, en la que México es el principal responsable del trasiego de drogas por su alta corrupción. Este es el marco conceptual en el que se han enmarcado las políticas nacionales y regionales contra el tráfico de estupefacientes formuladas desde Estados Unidos y las cuales omiten discursiva y prácticamente su responsabilidad en la articulación del problema. La condena de García Luna reforzará un relato que deja fuera de la discusión y de las políticas públicas, temas tan relevantes como la creciente demanda de drogas en la sociedad estadounidense, los circuitos de corrupción y de distribución de drogas dentro de Estados Unidos y las nefastas consecuencias del libertinaje en la compra y venta de armas de alto poder.

Asimismo, la conclusión del juicio podría fortalecer las demandas de los halcones estadounidenses, quienes exigen políticas más enérgicas contra México, como la de clasificar a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas. Una acción así, llevada hasta sus últimas consecuencias, podría facultar a ciertas fuerzas del orden estadounidense para realizar operativos en territorio mexicano. 

Finalmente, a largo plazo, esta erosión de la confianza y la cooperación bilateral puede colisionar con la estrategia global y prioritaria de Estados Unidos que apunta a la cohesión económica y política de su bloque regional norteamericano frente al ascenso de China. En este aspecto, los costos económicos y políticos para México de no ser un socio confiable, pueden potenciarse de diversas formas.

En el ámbito doméstico mexicano, el fallo de la corte estadounidense también tendrá efectos importantes. Es predecible que el gobierno en turno politice la culpabilidad del exfuncionario en términos electorales y de afianzamiento, incluso buscando acciones penales, de su relato de transformación y de anticorrupción. 

En este sentido, espero que esa politización, que seguramente no producirá nada relevante, no eclipse lo verdaderamente importante para nuestro país, que radica en formular una estrategia que construya una sociedad más pacífica y segura. Objetivo que, a mi juicio, forzosamente involucra el combate eficaz contra la penetración del poder corruptor de los criminales en las estructuras del estado (el caso de García Luna nos sugiere que ese poder corruptor alcanza los niveles más altos) y que también pasa por la creación de un cuerpo civil y no militar que combata y mantenga a raya el flagelo de la criminalidad.