Las situaciones de peligro y de daños a nuestra vida o a nuestros bienes se presentan a lo largo de la existencia de las personas individuales, de las familias, de los grupos sociales y de las naciones como parte de la contingencia diaria de la naturaleza del mundo; estas situaciones pueden escalar hasta tal punto que las medidas y recursos cotidianos ya no sean suficientes para evitarlas o para reducir los daños provocados por ellas. Surge entonces una situación de crisis cuyas causas pueden ser muy variadas, abarcando desde acontecimientos repentinos como una inundación súbita, un incendio a gran escala, un terremoto, un huracán o un ataque terrorista. Sin embargo, a menudo son procesos graduales -como una sequía extrema o una pandemia- los que pueden derivar en una situación de crisis.
Podemos definir una crisis como una situación que se desvía de la situación normal con potencial de dañar o que ya ha provocado daños a los bienes protegidos, que ya no puede manejarse con un proceso normal y con la organización estructural de costumbre, por lo que se vuelve necesario establecer una especie de instancia organizativa especial para hacerle frente. En otras palabras: siempre ocurre una crisis cuando los medios y medidas cotidianos ya no son suficientes para evitar las consecuencias negativas de una situación de peligro o de daño cada vez mayor.
La gestión de crisis es una parte esencial de las tareas y de las estructuras de gobierno en cualquier Estado. Ciertamente, hay países con menores peligros potenciales que otros: en Japón hay más terremotos que en Francia; en Italia hay más volcanes activos que en Alemania; en México hay más problemas de sequía que en Canadá, etc. Por eso, dependiendo de esas contingencias, los gobiernos deben crear los requisitos conceptuales, organizativos, operativos y procedimentales para que la situación excepcional vuelva a la normalidad lo más rápidamente posible, para mantener las consecuencias negativas en un nivel lo más bajo posible y para lograr que el área afectada sea lo más pequeño que sea posible. Una gestión efectiva de crisis incluye la puesta en marcha de mecanismos y de medidas que permitan prepararse y afrontar las situaciones críticas que puedan presentarse, evitar un agravamiento de la situación y hacer un seguimiento de las acciones con la mayor celeridad y efectividad que sea posible y deseable.
La conectividad entre las diferentes autoridades estatales que intervienen en el manejo de las crisis y la cooperación entre ellas son la base para una gestión eficaz de las situaciones de crisis en este mundo complejo, máxime que ahora, con el calentamiento global, las probabilidades de que ocurran fenómenos cada vez más intensos y dañinos han aumentado considerablemente. Tanto antes como durante y después de la crisis, todos los actores involucrados deben trabajar juntos de manera estrecha, eficaz y confiada. Todas las habilidades y experiencia son importantes para realizar análisis, diagnósticos, pronósticos, planes y procedimientos confiables, basados en los avances de las ciencias y de la tecnología.
Es por todo lo anterior que la protección de la población civil y de la infraestructura crítica contra los desastres naturales es parte de la prevención general de riesgos que debe asumir el gobierno de un país. Esta gestión pública de las tareas de protección es responsabilidad del Estado, pero depende de muchos factores la manera en la que esta responsabilidad se distribuye entre las diferentes instituciones públicas. Así, generalmente, en los Estados federales son los municipios o sus equivalentes funcionales (comunas, condados, ciudades autónomas, etc.) quienes realizan las primeras y fundamentales tareas de prevención y quienes prestan la primera ayuda en casos de ocurrir situaciones de desastres naturales; los estados miembros de la federación están en segundo lugar e intervienen cuando la primera instancia se ve rebasada; en tercer lugar actúan las instituciones civiles federales, al final de la cadena. Sólo en caso de que todas estas instituciones civiles se vean rebasadas por los acontecimientos es que intervienen las fuerzas armadas, como la última instancia de intervención, auxilio y apoyo. Es decir: en los Estados federales la ayuda y la intervención de cada orden de gobierno se organiza de manera subsidiaria, de abajo hacia arriba: primero el municipio, luego el gobierno estadual y en tercer lugar las autoridades federales. Únicamente en el caso extremo de que todos estos niveles de gobierno se vean superados por la magnitud y los efectos de la catástrofe es cuando entran en acción las fuerzas armadas. Este orden de las intervenciones gubernamentales puede alterarse en caso de que una catástrofe abarque varios estados federados, pues entonces interviene el gobierno federal desde el principio para coordinar la ayuda más allá de los límites y de las facultades de cada estado o provincia.
La secuencia “gobierno municipal – gobierno estadual – gobierno federal – fuerzas armadas” es lo común en Estados federales, como por ejemplo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria y, hasta cierto punto, en Argentina y Brasil. En México, aunque seamos también un país con un orden federal, las cosas están organizadas exactamente en el sentido opuesto: primero intervienen las fuerzas armadas y después todas las demás instancias. La parte más débil de la cadena es el municipio. En esto se refleja una conciencia y una estructura que no están impregnadas por la idea del federalismo, al igual que sucede, por ejemplo, con la política educativa, que también está organizada desde el centro, cuando sabemos que los países federales la organizan desde los gobiernos de los estados. No discutiremos ahora las razones que nos han llevado a esta situación paradójica, sino que hablaremos de algunos detalles de la protección civil y de la actuación de los gobiernos en el desastre causado por el huracán Otis.
Las actividades de protección civil que son responsabilidades del Estado engloban al conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular, disminuir o mitigar los efectos de los fenómenos naturales o de cualquier situación de desastre atribuibles a otras causas (como incendios, derrumbes, deslaves, etc., muchas veces provocados por el hombre o por fallas tecnológicas) que puedan caer sobre la población, sus bienes y la infraestructura crítica, como carreteras, alumbrado, calles, etc. Los elementos de las políticas de protección civil son: A) Previsión: para evaluar los riesgos de una zona o situación. B) Prevención: para adoptar las medidas necesarias para eliminar, mitigar o minimizar esos riesgos. C) Planificación: para coordinar las acciones tendientes a la elaboración de planes de emergencia, conforme a los riesgos existentes detectados. D) Intervención: para poder actuar en la salvaguarda de vidas y bienes de las personas expuestas a los efectos de la contingencia, conforme a los planes elaborados. E) Rehabilitación: para restablecer los servicios básicos y el desenvolvimiento normal de la vida cotidiana en la comunidad afectada.
En las ciencias sociales hay dos conceptos que nos ayudan a entender las situaciones de crisis ante los fenómenos naturales que deben enfrentar los Estados; ambos están inextricablemente unidos y a veces se confunden en el lenguaje coloquial y periodístico: estos términos son “riesgos” y “peligros”. Ambos conceptos incluyen la posibilidad de daños futuros. En el caso del “peligro” se piensa en daños que pueden ocurrir sin la intervención de nuestras acciones, por lo que también pueden no ocurrir. En el caso del “riesgo” pensamos en los daños que aparecen como consecuencia de nuestras acciones o de nuestras omisiones (es decir, de la falta de acción) y que asumimos sin pensar en las consecuencias.
Una vez visto lo anterior, podemos repasar algunas de las escenas que vivimos en nuestro país en estos días recientes antes, durante y después del paso del huracán “Otis”. Antes de la llegada de este fenómeno meteorológico, es claro que, dado lo que hasta ahora se ha escrito al respecto, las autoridades en sus diferentes órdenes –municipal, estadual y federal- no actuaron a tiempo y no avisaron convenientemente para que la población tomara las medidas de protección pertinentes. Es cierto que Otis pasó de categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas, pero también es cierto que desde al menos el domingo ya se sabía que vendría un huracán de esta magnitud. Si uno lee los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -que se pueden consultar en la página de este organismo, en la categoría “Prensa”-, es claro que desde el 23 le estaba dando seguimiento, advirtiendo el 24 que pasaría a categoría 5 ese mismo día, antes de tocar tierra. No sé entonces por qué el Presidente López dijo que no sabían que vendría con esa fuerza, o que no les dio tiempo para haber actuado, siendo que tanto el SMN como la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Huracanes de los EE. UU sabían de la fuerza con la que impactaría.
Tampoco puedo entender que en la mañana de ese fatídico miércoles el Presidente afirmara en su espectáculo mañanero que no sabía mucho de la situación de Acapulco, siendo que venía de la reunión de las 06.00 hrs. con su gabinete de seguridad (es un decir). ¿Es que las fuerzas armadas carecen de mecanismos de comunicación satelital para casos como este? ¿Se comunican sólo con celulares, como los rusos en Ucrania el año pasado? Un oficial de la Fuerza Aérea, en algunos noticieros, confirmó esta ausencia penosa, lamentable y desastrosa de información, contradiciéndose además varias veces.
Lo más ridículo de todo este “manejo” de crisis fue, sin embargo, el viaje de López a Acapulco. Parece que nuestro primer mandatario aún no acaba de entender qué significa la investidura presidencial. Como Presidente de la República, debe abstenerse de exponerse a riesgos inútiles, como lo fue el de viajar en camioneta de la CDMX a Acapulco. En primer lugar, sin saber exactamente cómo eran las condiciones del camino después del paso del huracán; en segundo lugar, porque viajaría a través de uno de los estados más peligrosos del país; y, en tercer lugar, como persona que ya ha tenido problemas del corazón, ¿qué hubiera pasado en caso de algún ataque cardiaco, por ejemplo? Se trata de una situación que siempre hay que considerar, dado su historial médico y la particular situación de tensión, zozobra y peligro en el viaje. Aquí vemos que fue mala idea haberse deshecho del Estado Mayor Presidencial, pues ese organismo hubiese solventado con habilidad la situación. Y si no quería el Presidente volar en helicóptero, mejor hubiese sido aguardar en la CDMX hasta que mejoraran las condiciones de viaje. Un accidente sufrido por el Presidente de la República, sobre todo en época de actividades electorales, hubiese sumido al país en una crisis política sin precedentes.
