El pasado martes 8 de octubre, la presidente Claudia Sheinbaum presentó la nueva estrategia federal de seguridad, a través del secretario del ramo Omar García Harfuch, fundamentada en cuatro ejes: 1) atención a las causas de la violencia por medio del fortalecimiento de los programas sociales, 2) la consolidación de la Guardia Nacional (GN) bajo el mando del ejército, 3) la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación y 4) el trabajo coordinado entre los órdenes federal, estadual y municipal.
Hagamos ahora algunas reflexiones al respecto, empezando con los puntos positivos. En primer lugar, me parece bien que ya no se repita la desafortunada frase “Abrazos, no balazos”, pues no sólo se interpretó como una colusión con la delincuencia, sino también como una decisión de no hacer nada. Un aspecto en el que encontramos una diferencia frente a lo que el gobierno de López pregonaba es el fortalecimiento de las capacidades en materia de investigación e inteligencia para enfrentarse a la delincuencia organizada, de tal manera que se puedan organizar, integrar y coordinar los esfuerzos institucionales en materia de seguridad, aplicando la información generada para planear, diseñar y ejecutar acciones efectivas. En este trabajo de inteligencia será imprescindible buscar cómo vulnerar los canales de financiamiento y lavado de dinero de la delincuencia organizada; es decir, es necesario golpearlos allí en donde más les duele: en sus enormes ganancias.
Otro aspecto positivo que debemos resaltar de la estrategia es el fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo Nacional, que debe recuperar su perfil técnico y ser una pieza fundamental para el trabajo con las policías estaduales y municipales. Ya en administraciones pasadas hemos escuchado el tema de la coordinación interinstitucional y el de la atención a las causas de la violencia, por lo que ahora habrá que fijarse en la forma de aplicar la estrategia anunciada. También es positivo escuchar que habrá estrategias focalizadas, de acuerdo a las condiciones particulares de cada región.
Veamos ahora los puntos que consideramos negativos. En primer lugar, es desafortunado que la estrategia se haya hecho exclusivamente en el seno del gobierno federal y que no se haya convocado públicamente a expertos en la materia y a organizaciones de la sociedad civil (como universidades y ONG especializadas en el tema, por ejemplo) para darle más profundidad a la estrategia y considerar puntos que quedaron sin mencionarse. Por ejemplo, si bien se habló de la necesidad de coordinarse con las instancias estaduales y municipales, no se dijo ni una sola palabra acerca de las acciones para fortalecer a las policías de esos niveles de gobierno. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones: sin el fortalecimiento de las policías y de las fiscalías locales, ninguna estrategia de seguridad funcionará.
Esto quiere decir que es más urgente buscar reformar y reforzar a los ministerios públicos, a las fiscalías, a los sistemas estaduales de prisiones, a las policías locales, etc., que andar buscando desmantelar a la Suprema Corte de Justicia. En donde los ciudadanos de a pie se enfrentan todos los días a la corrupción, a la ineficacia, a la desorganización, a la improvisación, a la extorsión y a la negligencia no es con los jueces del tribunal más alto del país, sino precisamente en la base de la pirámide. La reforma al poder judicial dejó sin tocar a estas instancias que se convierten en una pesadilla cuando nos vemos forzados a acudir a ellas.
Otro aspecto negativo es la insistencia de la presidente Sheinbaum en culpar a Felipe Calderón de todo lo que está pasando y de sacar a cuento el tema de García Luna. ¿No pueden dejar eso en paz? Entre este sexenio y el de Calderón ya pasaron 12 años, 6 de los cuales fueron de un gobierno emanado del mismo partido en el que milita la presidente. El seguir hablando de lo mismo, junto a la insistencia de que es culpa de los gringos lo que pasa en Sinaloa, no sirve de nada para fortalecer la estrategia contra la inseguridad y sólo muestra a una mandataria cada vez más radicalizada y que sigue fielmente los pasos retóricos de su mentor y guía. Además, al insistir tanto en que no habrá guerra puede dar a entender que la política de la complacencia frente a los grupos delincuenciales va a seguir, aunque no se diga explícitamente.
Siguiendo con los puntos negativos, me extrañó que en la estrategia sólo se hablara vagamente de que va a funcionar, pero sin mencionar metas en el tiempo. Está bien que no haya caído el gobierno entrante en la imitación de lo que hizo López, cuando aseguró al principio de su administración que el problema se empezaría a arreglar en 100 días, luego en seis meses, etc.; la presidente Sheinbaum dijo claramente que los resultados no se verían de inmediato, pero debió manejar algunas fechas para poder evaluar mejor la estrategia. Es decir: una política pública debe mostrar el diagnóstico del que se parte, los contenidos de las medidas, sus mecanismos de aplicación y de evaluación (entre los que está la fijación en el tiempo de los pasos para evaluarla), las metas y sus programas de ajuste ante una realidad cambiante. Todo esto brilló por su ausencia. Es más, en algunos puntos del diagnóstico se exhibieron datos equivocados.
Analicemos ahora, brevemente, cada uno de los ejes. El atender las causas de la violencia es importante y todos hablan de ello, pero creo que el enfoque es desafortunado. Seguir el ejemplo de López de que repartiendo dinero se combatirá al atractivo que la delincuencia ejerce sobre algunas personas no sólo es iluso sino injusto, porque supone que los pobres son los más proclives a delinquir. Muchos estudios académicos no han encontrado una relación causal entre pobreza y criminalidad. Sin embargo, veo bien que se haya creado una Subsecretaría de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De todas formas, si se repite la idea de relacionar la pobreza con la criminalidad, no llegarán muy lejos, pues los narcotraficantes no se dedican a delinquir simplemente por haber sido pobres, sino porque en el sistema político y social encuentran estructuras, estímulos y costumbres que favorecen la criminalidad y propician las conductas delictivas.
El segundo eje, el de fortalecer a la GN, es muy problemático. En primer lugar, es sumamente impráctico que esta corporación dependa del ejército y no de la SSPC. Imagínense mis cuatro fieles y amables cuatro lectores que esta última dependencia necesita actuar de inmediato contra algún grupo criminal. Para ello no tiene “dientes”, sino que tiene que pedirlos prestados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). ¿No sería más práctico que estuviera la GN adscrita a la SSPC? La presidenta “Cheinbaun” (©Ricardo Monreal) calificó como “una virtud” la adhesión de la GN a la SEDENA, ya que “derivado de ello, sus elementos tienen acceso a los servicios de seguridad social del Ejército y cuentan con una capacitación que fortalece sus capacidades como institución de seguridad”. ¿En verdad estas son las razones para adscribir la GN a la SEDENA?
Muchos “opinólogos” comentan que, en otros países como Italia, Chile o Colombia la policía nacional respectiva está adscrita al ministerio de defensa, por lo que no nos debería extrañar que aquí se haya propuesto lo mismo. Lo que ignoran estas personas es que el problema no está en la adscripción, sino en la doctrina: tanto el Arma dei Carabinieri, los Carabineros chilenos o la Policía Nacional colombiana tienen su propia doctrina policial, es decir, no están guiados por una doctrina militar. En otras palabras: piensan, actúan y reaccionan como policías; su capacitación es policíaca, sus mandos son policías de carrera, su aspecto es el de un cuerpo policíaco y la vocación de sus efectivos es la de ser policías. En el caso de la GN mexicana, está compuesta por militares, sus mandos son militares, su capacitación es militar, piensan como militares, reaccionan como militares, su aspecto es el de militares, etc. Es decir, su doctrina es militar, no policiaca. El mismo García Harfuch lo dijo: “La Guardia Nacional es una institución policial definida por una doctrina militar bajo regulación estricta.” Así que no lo digo yo, sino que es una afirmación del mismísimo secretario de seguridad. Lo que se requiere es un verdadero cuerpo policial, con doctrina policial. Lo curioso es que García Harfuch dijo lo siguiente: “Es falso que haya militarización, lo que estamos haciendo es aprovechar la capacidad de la secretaría de la Defensa para que la Guardia Nacional se pueda consolidar”. Bueno, si tener un cuerpo que se dice policial pero que piensa, actúa y reacciona como un contingente militar no es militarizar la seguridad, entonces creo que estamos entendiendo cosas diferentes por “militarizar”.
En cuanto al punto de la coordinación interinstitucional, está muy bien. Ya otros mandatarios lo habían propuesto, como Peña, pero se quedó en buenas intenciones. La pregunta aquí es que si no se depuran los cuerpos policiacos locales (y los gobiernos locales, como el de Sinaloa), estará muy interesante ver cómo se coordinan, si toda la información que les den la van a canalizar de inmediato a los criminales… Por eso, aunque se privilegie la labor de inteligencia, si no hay voluntad para encarcelar a los delincuentes, la estrategia no funcionará. ¿Tendrá el gobernador de Sinaloa la voluntad política de enfrentarse a los narcotraficantes, siendo que todo indica a que está coludido con ellos?
En resumen: tener una GN muy numerosa pero que sólo se limita a mostrar presencia (el llamado “síndrome del espantapájaros”) y que carece de una doctrina policiaca no sirve de nada; lamentablemente, el camino hacia una verdadera policía federal ya quedó destruido. Es esencial fortalecer a las policías estaduales y municipales; las labores de inteligencia deben servir también para desenmascarar a gobernantes cómplices de la delincuencia y para golpear las capacidades financieras de los grupos delincuenciales y desmantelar sus estructuras, en un combate de naturaleza multidisciplinaria y transversal. Querer replicar en el país las políticas que de manera más o menos exitosa se aplicaron en la Ciudad de México no creo que sea muy adecuado, pues las condiciones contextuales son muy diferentes, tanto en número de policías como en su equipamiento; además, la extensión del territorio y las condiciones geográficas y culturales locales constituyen factores de importancia nada menor.
Así que si seguimos replicando el modelo de la militarización de la seguridad pública -que genera más violencia, por cierto-, no creo que los resultados vayan a ser muy diferentes. Algo que en este aspecto brilla también por su ausencia en la estrategia de seguridad presentada es que no se menciona para nada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque hay que reconocer que está, en los hechos, extinta.
