El teórico de las relaciones internacionales Raymond Aron sostenía que “las relaciones internacionales no se rigen por el azar, sino por la necesidad y por los límites que imponen las estructuras de poder”. Bajo esta premisa, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela —incluido el reciente y drástico uso de la fuerza por parte de Washington para la remoción de Nicolás Maduro— no pueden entenderse como un episodio aislado o meramente coyuntural. Se trata, más bien, de la expresión de procesos más amplios que atraviesan el sistema internacional y el orden regional americano.
Uno de esos procesos es la transición hacia un orden internacional más fragmentado y multipolar. El dominio global estadounidense, característico del periodo posterior a la Guerra Fría, se ha erosionado de forma gradual. En este contexto, las principales potencias buscan asegurar esferas de influencia, moldear las decisiones estratégicas de los Estados de su entorno y limitar la presencia de rivales geopolíticos en regiones consideradas fundamentales para su seguridad.
Durante buena parte de las últimas dos décadas, América Latina ocupó un lugar secundario en la agenda estratégica de Estados Unidos. Medio Oriente y Asia desplazaron a la región como prioridades centrales, en un periodo que diversos analistas han descrito como de desatención estratégica. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Para amplios sectores del Partido Republicano —y de manera clara en la visión trumpista— dicha desatención habría permitido que el hemisferio se transformara en un repositorio de amenazas transnacionales para la seguridad estadounidense.
Desde esta óptica, fenómenos como la migración indocumentada, el narcotráfico y la expansión del crimen organizado no solo representan problemas sociales o humanitarios, sino amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense. A ello se suma, en el diagnóstico republicano, la creciente presencia e influencia de potencias extrarregionales como China y Rusia en su esfera de influencia más inmediata.
Este marco ayuda a entender ( pero no justificar) por qué, desde la visión trumpista, tales amenazas justificarían la adopción de medidas extraordinarias, incluyendo acciones políticas, económicas e incluso militares, que se sitúan en los márgenes —o directamente fuera— de los consensos del derecho internacional.
Venezuela ha sido catalogada por Washington como un punto crítico no solo por su colapso económico y social interno, sino por la relación estratégica que el chavismo construyó con China y Rusia. Esa relación se ha materializado en financiamiento, comercio energético, respaldo diplomático y, en el caso ruso, cooperación militar. Diversas estimaciones indican que una parte sustantiva del petróleo venezolano ha sido vendido o canjeado por financiamiento chino, mientras que la colaboración con Rusia ha incluido compra de armamento, modernización de capacidades militares y entrenamiento de las fuerzas armadas.
Desde esta perspectiva, uno de los objetivos centrales de la remoción de Maduro sería forzar a los gobernantes sucesores (liderados al menos en el corto plazo por la ahora presidente encargada Delcy Rodríguez) a redefinir radicalmente esos vínculos, enviar una señal inequívoca al resto de los países del hemisferio sobre los límites que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en materia de vínculos extrarregionales. La eficacia del ataque refuerza, además, una realidad contundente: si así lo decide, Estados Unidos conserva la capacidad de imponer la lógica del poder duro en su entorno regional, sin un interés genuino por transformar las problemáticas sociales que enfrentan las sociedades del continente, que en el caso venezolano son profundas.
Este episodio también se inscribe en un proceso más amplio de erosión del derecho internacional y del multilateralismo. No solo porque actores claramente revisionistas, como Rusia, han desafiado abiertamente principios fundamentales como la integridad territorial, sino porque el propio arquitecto del orden liberal internacional —Estados Unidos— ha optado en múltiples ocasiones por subordinar las normas a sus intereses nacionales. La acción militar contra Venezuela se suma así a una lista de transgresiones como la invasión estadounidense de Irak en 2003, la anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa a Ucrania en 2022. En todos estos casos, el uso de la fuerza fue justificado en nombre del interés nacional, violando los principios de no agresión, no intervención y uso legítimo de la fuerza consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El resultado es la normalización de una ética preocupante: la primacía del poder sobre la norma. Cuando las grandes potencias actúan de este modo reducen los incentivos para que otros Estados respeten el orden normativo. En este sentido, cualquier fuerza política distinta al trumpismo que gobierne Estados Unidos en el futuro, enfrentará un panorama mundial más incierto, conflictivo y difícil de recomponer.
Ahora bien, analizar las relaciones internacionales exclusivamente desde la óptica de las grandes potencias conlleva un riesgo analítico importante: el de asumir que los demás países carecen de agencia y están condenados a ser simples receptáculos de los designios de los más fuertes. Esto no es necesariamente cierto. Para muchos Estados medianos y pequeños, el derecho internacional sigue siendo un instrumento de contención del poder. Pero ese instrumento solo es efectivo si se le dota de contenido político, coherencia y voluntad colectiva.
En este punto, América Latina ha carecido de voluntad colectiva y pensamiento estratégico. Durante años, Venezuela ha sido un Estado cuyo comportamiento transgredió normas internacionales en materia de democracia, gobernanza económica y derechos humanos, sin que la región lograra articular respuestas eficaces. Más ampliamente, las profundas divisiones políticas e ideológicas en el continente han impedido la construcción de mecanismos regionales capaces de gestionar problemáticas comunes. Las reacciones dispares de líderes como Javier Milei de Argentina o Lula de Brasil ante la acción estadounidense, así como la postura ambigua de países como México —que condenan la unilateralidad en el hemisferio, pero han mantenido posiciones cautelosas frente a la invasión rusa a Ucrania— son reflejo de dicha carencia.
Un último proceso clave que enmarca el ataque a Venezuela es la securitización de la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. En los últimos años, este fenómeno ha dejado de concebirse principalmente como un problema transnacional que requiere cooperación regional, para ser presentado como una amenaza existencial a la seguridad nacional estadounidense, cuya contención justifica medidas cada vez más excepcionales.
En este contexto, las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y su entorno pueden funcionar como una coartada jurídica y política para dotar de cierta legitimidad interna a la acción militar estadounidense. No porque la criminalidad del régimen venezolano sea inexistente, sino porque el principal suministro de drogas al mercado estadounidense no proviene de Venezuela sino de México. Lo anterior, sin embargo, no invalida el problema real que enfrenta la región: la expansión del crimen organizado, el tráfico de estupefacientes y la captura de instituciones estatales por intereses criminales.
La política antidrogas de Estados Unidos bajo Trump parece avanzar con claridad en una dirección de hostilidad. Ya no se limita a la cooperación —voluntaria o forzada— en interdicción y combate multidimensional a las estructuras criminales, sino que incluye acciones unilaterales, incluso militares, aun cuando estas resulten incompatibles con marcos jurídicos internacionales y, en algunos casos, domésticos. Las recientes designaciones de organizaciones criminales como terroristas y del fentanilo como un arma de destrucción masiva amplían el margen de acción del ejecutivo estadounidense.
Desde esta lógica, el ataque contra Venezuela no solo refleja el potencial de hostilidad que la política estadounidense antidrogas puede alcanzar en las Américas, sino que revela formas en las que Estados Unidos puede instrumentalizar ese combate para alcanzar objetivos geopolíticos más amplios, como la reconfiguración de su esfera de influencia hemisférica. Se trata de una señal de que el poder duro está regresado al centro de la política internacional mientras que los consensos normativos y las aspiraciones políticas del orden liberal internacional como la construcción de la paz o la difusión democrática, que más o menos lo contuvieron, están desdibujándose.
