Unos de los factores determinantes del desarrollo y el empleo en nuestro país, es el comercio y la inversión extranjera. Existen cálculos que reflejan que más del 60% del producto interno mexicano se conforma a partir de actividades productivas relacionadas con la economía externa.
En este contexto, la colección de tratados comerciales y de protección a la inversión de los que México forma parte, son pieza clave para la viabilidad económica nacional. En especial, el tratado económico con Estados Unidos y Canadá (TMEC), no solo provee acceso a los mercados de la primera y de la onceava economía del mundo. También hace que la economía mexicana resulte atractiva para empresas provenientes de países y regiones que cuentan con un acceso más restringido al mercado norteamericano.
El actual gobierno, a pesar de su sello nacionalista y estatista, se avocó en el 2020 a lograr que el congreso estadounidense ratificara el TMEC. Asimismo, no ha retirado al país de ninguno de los otros acuerdos signados.
Con ello, la 4T ha refrendado jurídicamente que la apertura económica es una política de estado y no sólo de los gobiernos anteriores a los que etiqueta como neoliberales.
Sin embargo, a tres años del gobierno en turno, existe una fuerte contradicción programática frente a la apertura económica.
A pesar de mantener al país en los acuerdos internacionales, ha arreciado una política, no oficial pero real, de menoscabo de la certidumbre y confianza del país hacia los capitales externos. Política que quizá comenzó con la polémica cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero que continúa ejecutándose sistemáticamente,
Hoy por hoy, se encuentra latente el proyecto legislativo de una contra-reforma que pretende re-concentrar la producción de energía eléctrica en CFE, lo cual podría generar un limbo jurídico para una multiplicidad de inversionistas extranjeros. La incertidumbre ha sido tal, que varios congresistas estadounidenses han externado oficialmente a México su preocupación.
Por otro lado, los inversores no tardarán en tomar nota de que, en los años por venir, la discrecionalidad y la opacidad en obras públicas de México serán la regla y no la excepción a raíz del decreto presidencial que define los proyectos públicos como asuntos inescrutables, aun y cuando en acuerdos internacionales como el TMEC, México se comprometió con cláusulas de transparencia y trato mínimo en las contrataciones públicas.
Ahora, en términos de certidumbre económica las cosas no pintan mejor. Macroeconómicamente hablando, prevalece un ambiente sombrío con niveles exiguos de crecimiento, tasas record de inflación, depreciación del tipo de cambio y nombramientos de funcionarios sin experiencia en instituciones clave para la estabilidad económica como el Banco de México.
Si bien no todas las variables anteriores están bajo el control exclusivo y directo del gobierno, en el horizonte se hace evidente el desinterés de la 4T por revertir la pérdida de confianza echando mano de variables que si están bajo su control.
Por ejemplo, la propuesta de contrarreforma energética parece no incurrir en las pérdidas económicas y de confianza que se podrían materializar a raíz de garantizarle a entidades ineficientes el monopolio de la producción de energía en un país netamente exportador.
En el tema de la transición energética tal despreocupación es por igual evidente. México ha enviado señales contrarias al mundo, al seguir considerando las energías fósiles como palanca de desarrollo, cuando es claro que, en el futuro, las economías que opten por ese camino quedarán fuera de la jugada.
No debe sorprender, por tanto, que en términos de atracción de inversión extranjera, el país ha empeorado en los últimos tres años. Antes de la pandemia, ya se avizoraba la tendencia negativa cuando México cayó ocho lugares en el Índice Global de Confianza del 2019. Para 2021, ya en pandemia, México es de las economías de la OCDE que peor recuperación han tenido en cuanto atracción de capitales.
A partir de lo anterior, es claro que destruir la certidumbre y la confianza es un proceso que no demanda demasiado tiempo. En cambio, la realidad nos muestra que, para reconstruir ambientes económicos más atractivos, no basta con la protección jurídica contenida en los acuerdos internacionales. Es necesaria pero insuficiente pues debe complementarse con actitudes, proyectos y políticas que respalden la teoría jurídica con hechos.
Reconstruir la certidumbre y la confianza es aún más importante en coyunturas domésticas y mundiales como las actuales. En lo interno la economía mexicana enfrenta niveles de inversión productiva insuficientes con los cuales no se generarán los empleos requeridos.
En el plano internacional, la economía mexicana debe de capitalizar la ventaja que le da el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, en un contexto global todavía económicamente deprimido por la pandemia y enrarecido por la postura proteccionista que Estados Unidos mantiene hacia China y el mundo.
Ante este escenario, seguir en el juego del ‘sí pero no’ con la inversión extranjera, generará costos irrecuperables.
