El tema de la exclusión social y educativa, la discriminación estructural y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, aparece de forma reiterada a lo largo y ancho del Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. El reconocimiento de un contexto problemático, atravesado por la desigualdad, la pobreza y el abandono (político), representa el marco desde el cual este documento intenta proponer una educación que revierta las lógicas que, más que atacar los problemas, los ha intensificado. Una causa señalada está en el diseño e implementación de políticas públicas y educativas “neoliberales”, instrumentos que sirvieron por años como facilitadores en la profundización de las problemáticas que hoy se hacen más evidentes a raíz de la crisis de la COVID-19.

En esta línea, el documento destaca las injusticias de una vorágine de marcos de acción y ordenamientos jurídicos que, posicionados en una perspectiva económica centrada en la individualidad y en la lógica mercantil- capitalista, han posibilitado la desigualdad y el aumento de problemáticas como la pobreza, el racismo, la discriminación, la violencia, entre otras. La negación de la diversidad, de lo otro, de la alteridad, frente a lo uno, lo individual y normal, trasladó sus consecuencias a espacios como el educativo, en donde los procesos de escolarización, vía el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, no hicieron más que legitimar la exclusión y validar una única forma de ser persona, un sujeto eficiente y productivo, en otras palabras, un cuerpo- máquina- empresa (capital humano).

En este marco, la mirada parece replantear discusiones que parecían, algunas abandonadas y otras existentes sólo en la periferia. Por ejemplo, la colocación de la igualdad sustantiva frente a la equidad e igualdad de oportunidades de matiz meritocrático, la superación de una pedagogía instrumental y técnica por una de carácter crítico y emancipador, la discusión por los saberes legítimos y legitimadores, frente a otros que pueden considerarse soterrados, la propia inclusión como discurso excluyente que premia la funcionalidad y la capacidad por sobre otras condiciones humanas.

Es en este último punto donde quisiera detener mi reflexión, advirtiendo que lo aquí comentado sólo representa un primer acercamiento al documento base y, por tanto, limitado a lo dicho y dispuesto en el mismo. Habiendo hecho esta aclaración, cabría comentar que el concepto de la inclusión (en el documento) parece presentar una ruptura importante frente a las propuestas pasadas. Por lo regular, la idea de una inclusión en educación hacía énfasis en determinados grupos vulnerables, sobre todo, de los estudiantes con discapacidad. Por mucho tiempo, se pensó incluso que la inclusión venía a sustituir a la educación especial en el sistema y en su saber/discurso. Este no es el caso del nuevo planteamiento curricular, donde incluso la palabra discapacidad aparece si acaso una vez, siendo sustituida por significantes como diversidad o capacidad.

Cuando en el documento se describe específicamente el cómo se entenderá la inclusión, de entrada, se hace referencia a la inclusión como un derecho (derecho a la inclusión), por otra parte, se plantea entender el acto de inclusión a partir de una mirada decolonial (aspecto que puede sonar contradictorio, pues, los estudios decoloniales sospechan del discurso de los derechos humanos). Mirada que pone un acento a los procesos de territorialización que iniciaron siendo geográficos y terminaron (y algunos apuntan que continúan) siendo simbólicos. De tal suerte que lo que somos hoy es fruto de un ejercicio de colonización a nivel macro y micropolítico, resultado no sólo de la dominación violenta, sino de complejos procesos de subjetivación y constitución identitaria.

Lo anterior permite pensar que lo que creemos que somos hoy y las formas en que nos conducimos en lo social, tienen su sistema de razón desde los discursos (mayoritariamente de occidente, eurocéntricos) que nos han sobredeterminado. La inclusión, como un ejercicio decolonial, busca de-sedimentar y subvertir lo que hasta ahora parece naturalizado y escasamente cuestionado. Un saber hegemónico que ha permitido algunas injusticias y formas de diferenciación en lo social, legitimando la desigualdad, la violencia y la discriminación.

La idea parece centrarse en una “inclusión simbólica” en la medida que busca la deconstrucción de discursos que han sometido y negado otras formas de ser y estar en el mundo, fundamentadas desde diferentes visiones. En este punto tendría que señalar que la idea es sugerente en la medida que coloca la discusión en un plano epistemológico (de interrogación de los saberes y el conocimiento y las formas de acceso y construcción a los mismos), sin duda, conceptos como la justicia cognitiva y curricular lo han señalado de forma reiterada.

No obstante, a mi parecer, el concepto de inclusión, así entendido, adolece de un elemento que es central en el plano pedagógico- didáctico. Por un lado, ciertamente podemos entender la inclusión desde un aspecto político, el cual ha sido abordado en la propuesta curricular, sin embargo, la ausencia radica en los planos más educativos del término, en las formas en que un profesor va a construir un ambiente no sólo simbólicamente inclusivo, sino procedimentalmente accesible a la diversidad que se ha señalado.

Algo que llamó mi atención fue la ausencia de referencias a la accesibilidad, a los ajustes razonables, al diseño universal (lo cual no se reduce al tema de la discapacidad), no sé si porque son considerados también propuestas neoliberales o porque los tienen reservados para otro momento. El hecho es que la inclusión, reducida a su parte política, corre el peligro de desatender una de las mayores preocupaciones de los profesores, los ¿cómo? de la práctica. Por otra parte, si bien es muy debatido el término discapacidad, pues se la acusa de colocar el problema en la persona, lo cierto es que también tiene un uso político, de reafirmación de una subjetividad que ha sido históricamente discriminada. La ausencia de este término, acompañada de la inexistente propuesta sobre perspectivas pedagógicas como la accesibilidad y el diseño universal para el aprendizaje, hacen pensar la posibilidad de una preocupante omisión que termine reafirmando el lugar de la educación especial como espacio predilecto para los estudiantes con discapacidad o la apertura de una escuela que si bien reciba la diversidad, no cumpla con una función educativa donde se favorezca el conocimiento y las habilidades que son indispensables para la construcción de una sociedad como la nuestra.

Sin duda habrá que esperar la materialización y puesta en acto de la propuesta y poner atención a cómo se va a resolver esta situación.