20 de junio, Día Mundial del Refugiado

México forma parte de una región en la que el problema del desplazamiento forzado de personas a través de las fronteras nacionales, es acuciante. 

Algunos países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, así como países de otras subregiones del continente, como Cuba, Haití o Venezuela, han evolucionado en países expulsores de migrantes forzados. Son diversos los factores de expulsión que operan en estas geografías. Estos van desde la persecución política o violación sistemática de derechos humanos por parte de autoridades constituidas, hasta violencia y persecución ejercida por organizaciones criminales con alcances transnacionales como las pandillas centroamericanas. 

Legalmente hablando, buena parte de este flujo de personas pueden acogerse a la normatividad internacional del refugiado.  Esto implica, de acuerdo a diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que los países receptores deben apegarse al principio de la no devolución— no devolver a la persona con legítimos temores de regresar al país del cual huye—, así como brindar la asistencia necesaria para que el refugiado pueda integrarse plenamente a la sociedad que lo acoge.  

En este sentido, México enfrenta una crisis multidimensional de migración forzada, pues es un país tanto de tránsito, de destino, como de origen de este tipo de flujos transnacionales.  

Por un lado, México es un territorio de tránsito pues gran parte de los desplazados que se internan por su frontera sur, tienen como objetivo la frontera norte de nuestro país para solicitar asilo en los EEUU.

Las estadísticas muestran un incremento en el número de solicitudes de refugio en el vecino del norte. Tanto en las solicitudes de asilo afirmativo —realizadas por aquellos solicitantes internados en EEUU —, como en las solicitudes de asilo defensivo, hechas por los solicitantes que enfrentan un proceso de deportación, o bien para aquellos que deben de esperar una resolución de las autoridades estadounidenses en alguna de las ciudades fronterizas mexicanas bajo las reglas del programa Quédate en México.  

Sin embargo, en los Estados Unidos impera un ambiente y una política de rechazo sistémico a la migración proveniente del sur del continente. Son famosas las presiones que la potencia mundial ha impuesto a nuestro país para fungir como muro de contención del flujo hormiga y de las caravanas. 

Con respecto a los solicitantes de refugio provenientes de México, Guatemala, Honduras o El Salvador, el ochenta por ciento de las solicitudes son rechazadas por las autoridades estadounidenses. 

Además, a través del programa Quédate en México, nuestro país se ha convertido de facto en un tercer país seguro, pues la resolución de otorgar o no el asilo por parte de los estadounidenses puede tardar meses o años, periodo en el que los solicitantes deben de hacer su vida en México, incluso después de la muy probable denegación.

Por otro lado, México se ha convertido en un territorio de destino. Así lo confirma el hecho de que las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado COMAR, crecieron en más de un 3000 por ciento entre los años de 2014 y 2019. En el 2021 el número de solicitudes rebasó las 130 mil.

No obstante, en México no se cumple de forma completa con los principios de no retorno ni con el principio de brindar las condiciones materiales para una integración digna. 

A una parte del flujo de los desplazados forzados que llegan a nuestro país, se les niega materialmente el derecho a solicitar su derecho a la protección, ya sea porque se les deporta inmediatamente o porque no se les provee ni la información ni los medios adecuados para hacer valer su condición.  La falta de México en este rubro tiene una historia larga y vergonzosa. Desde hace años, Amnistía Internacional ha documentado que sistemáticamente México retorna a miles de niños migrantes exponiéndolos a los riesgos de retornarlos a sus lugares de origen. Asimismo, de acuerdo a la Red de Documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, cerca de un 30% de la población que atienden y que migró por motivos de violencia, fue deportada por autoridades mexicanas en al menos una ocasión. 

Aquellas personas que han logrado solicitar formalmente su condición de refugiados, se enfrentan a unas autoridades mexicanas rebasadas en términos de capacidades y en consecuencia a procesos legales que se extienden en el tiempo con todas las consecuencias que ello tiene en sus vidas y en la de sus familias.  

Para aquellos que han obtenido la condición de refugiados en México, las cosas están lejos de estar resueltas. En diversos sectores de la sociedad, impera una cultura de la desconfianza o desconocimiento hacia los refugiados, lo que les impide en muchas ocasiones encontrar un empleo e integrarse productiva y dignamente en nuestra sociedad. Al respecto, de acuerdo a un informe del Colegio de la Frontera Norte, sólo el 23 por ciento de la población refugiada encuestada contaba con un empleo formal.

En resumidas cuentas, por cuestiones internas, así como por presiones de los Estados Unidos, en México impera una política migratoria que enfatiza la contención por encima de la protección y la integración, como si desde ese enfoque se pudiera resolver la problemática estructural que impera en la región.

Sin embargo, los flujos de desplazados forzados hacia y a través de nuestro territorio es un fenómeno de causas profundas que no se resolverá de la noche a la mañana. El gobierno y la sociedad no pueden y no deben ignorarlo, si lo que se busca es construir sociedades pacíficas e incluyentes como lo marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Incluso por interés nacional conviene hacerlo. Lamentablemente, la cifra de solicitantes mexicanos de asilo a EEUU crece a ritmos alarmantes.  De acuerdo a organizaciones sociales, el grueso de ellos escapa de condiciones de violencia impuestas por el crimen organizado. Y en vista de la omisión gubernamental para acabar con este mal, los desplazados forzados mexicanos que busquen la protección de un gobierno extranjero, seguramente incrementará en los próximos años.