La relación bilateral entre México y Estados Unidos es una relación compleja en la que se ven involucrados diversos actores e intereses políticos, económicos y simbólicos de ambos lados de la frontera.

Desde el punto de vista de México, es necesario que la toma de decisiones para la relación bilateral, reconozca la complejidad de la interconexión entre ambos países y la heterogeneidad del campo estadounidense. En este aspecto, los Estados Unidos están muy lejos de ser un ente monolítico. El vecino del norte, es un país plural y diverso. 

Por ende, la política exterior de México hacia dicho país no puede limitarse a establecer buenas relaciones con el ejecutivo o recomponer las existentes. Quizá esto sea un factor necesario, pero no suficiente, para una efectiva gestión de la agenda con aquel país. 

En los últimos años la relación bilateral ha entrado en uno de los puntos más bajos de la historia reciente. Esto lo argumento debido a la desconfianza e inconformidad generalizadas que impera en una miríada de actores estadounidenses con intereses en México. Me es difícil recordar algún periodo reciente en el que tantos y tan variados actores, estén en desacuerdo y preocupados por lo que sucede en el vecino del sur.

En el terreno de los económico, existe una clara desconfianza sobre la política económica de la 4T. Perciben al gobierno mexicano como poco certero y económicamente irracional. El desastre financiero en Pemex, el voluble respeto a las reglas del TMEC y su antagonismo a la producción de las energías limpias, son sólo algunas razones que sustentan tal percepción. En marzo pasado, diversos congresistas exigían un mecanismo para investigar profundamente el incumplimiento de México de las reglas pactadas del tratado.  

En el campo de la seguridad hay una creciente desconfianza en la política que México sigue para combatir a las organizaciones criminales. Ya desde hace algunos años, las agencias de seguridad estadounidenses han hecho explícita su desconfianza frente a las fuerzas del orden mexicanas, incluido el ejército. Hace unos meses, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que un 35 por ciento del territorio mexicano se encuentra controlado por las organizaciones criminales. Una preocupación similar ha sido manifestada por congresistas, sobre todo del partido republicano.

En la agenda social, las cosas no son tan diferentes. Desde hace unos años para acá, es usual ver que en think tanks y en universidades se plantean la pregunta si México está cayendo en una trampa autoritaria. En buena parte de ellos, se reconocen las pulsiones autoritarias del presidente mexicano y sobre todo se denuncia el amplio campo de gobernanza que se le está entregando a las fuerzas armadas.

De igual forma, hay una amplia preocupación por el deterioro de los derechos humanos en nuestro país. Organizaciones sociales, congresistas y el propio Secretario de Estado, han manifestado su preocupación por la ola de periodistas asesinados y personas desaparecidas. 

Este tipo de problemáticas no sólo afectan a la sociedad mexicana, sino que tienen implicaciones en el campo político de los Estados Unidos. Al ser una relación profundamente interméstica, la miríada de actores estadounidenses reacciona y toma decisiones de acuerdo a su percepción de lo que sucede en el país vecino. 

Los inversionistas han reducido sus inversiones en nuestro país. Las agencias de seguridad han estrechado los márgenes de cooperación para combatir el problema del crimen y el narcotráfico transnacionales y refuerzan su discurso de que México es el principal responsable del problema. Los actores sociales demandan a sus autoridades para que presionen a México en cuestiones de democracia, derechos humanos y medio ambiente. Y cabildean para reducir y condicionar los esquemas de apoyo financiero bilaterales hasta que no mejoren las cosas. 

Hasta el momento Joe Biden ha optado por no privilegiar estas preocupaciones y no hacerlas públicas en su interacción con la contraparte mexicana. Todo esto se ha gestionado de forma privada a través de su interlocutor, el Embajador Ken Salazar.

Al parecer, el garantizar que México cumpla con su papel de contención de migrantes y el forjar una imagen de unidad con sus vecinos, frente a un sistema internacional convulso, es lo que ha determinado la política de tolerancia estratégica hacia México.

Pero esto no quiere decir que la desconfianza en los actores estadounidenses no se siga exacerbando. Y ahí el gobierno estadounidense no puede hacer mucho. Estados Unidos no es un totalitarismo en el que el presidente les pueda dictar las preferencias a sus gobernados. A pesar de esto último, el presidente mexicano ha optado por encauzar su interacción sólo a través de su contraparte. Ha sido renuente a interactuar con aquellos otros actores y centros de poder y decisión. 

Así que, a pesar de las fotografías y discursos de armonía que seguramente veremos en la visita del presidente mexicano a Washington del 12 de julio (este artículo se terminó de escribir ese día por la mañana), la relación bilateral se encuentra en un bache profundo de desconfianza.

Los actores estadounidenses se dan cuenta que las cosas no funcionan en México y que no hay probabilidades de que se dé algún golpe de timón de aquí al 2024. 

También se dan cuenta que el deterioro económico y de inseguridad en nuestro país es tal que los niveles de migrantes indocumentados desde México hacia Estados Unidos está repuntando de forma creciente. 

Y por esto mismo, pienso que muchos de ellos no querrán seguir tolerando por mucho tiempo más, el silencio y las buenas formas de Biden frente a la inestabilidad del vecino del sur. Ni mucho menos estarán dispuestos a discutir seriamente un aumento de visas laborales para los flujos provenientes de su frontera sur, hasta que en México no se ponga orden.