La semana pasada los autores advertimos el creciente consenso de los medios internacionales en el sentido que los gobiernos latinoamericanos parecen hoy más cómodos ignorando, insultando o incluso desafiando abiertamente a Washington que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Ciertamente el fracaso de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el 8 de junio de 2021 ha sido un ejemplo de esto.

En este caso la respuesta de Joe Biden no tardó: El pasado 10 de junio a través de un comunicado oficial, se dio a conocer que Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, (U.S. Trade Representative) y Marty Walsh, el secretario de Trabajo, solicitaron formalmente a México responder oficialmente y a fondo en relación a múltiples violaciones al T-MEC en el contexto del Anexo Laboral y el Protocolo Modificatorio al Tratado T-MEC relativo a la libertad sindical por parte de la empresa de autopartes “Tridonex”, una fábrica ubicada en Matamoros, Tamaulipas. Se trata ahora de la segunda solicitud del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC – la primera se dirigió contra General Motors de México en Silao, Guanajuato el 12 de mayo – y ambas se basan específicamente en violaciones flagrantes de la libertad de asociación, de negociación colectiva y el mejoramiento de la justicia laboral en México.

Ahora, el gobierno federal solo tiene hasta el 20 de junio de 2021 para dar una respuesta relacionada con la acusación, después 30 días para presentar sus pruebas y 45 días después para reparar el daño y responder a sanciones económicas si el Panel Arbitral de Respuesta Rápida falla en contra de México. De manera sorpresiva, el director general de disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Ricardo Aranda Girard, respondió: “…La dinámica del intercambio comercial no me parece que esté en riesgo – solo es una intensificación del dialogo…”.

Pues, Sr. Aranda: ¡Usted no está involucrado en una charla informal con los estadounidenses sino en un proceso formal de arbitraje internacional – potencialmente muy peligroso para la 4T en el contexto de la posible imposición de sanciones económicas muy amargas contra México!

El aspecto laboral es un tema muy amplio en el T-MEC y es importante porque pone nuevas reglas del juego en materia comercial. En el extinto TLCAN no había un acuerdo de este tipo. En el capítulo 23 del tratado y su anexo 23-A aceptamos los principales aspectos laborales que deben cumplir las empresas que operan en México – lo que obliga a México a modificar y aplicar rigurosamente estas legislaciones. Desafortunadamente, en su implementación y aplicación a las compañías, el Artículo 23, su Anexo y su Protocolo Modificatorio aún se encuentran en el limbo.

Todavía, México no ha garantizado universalmente el derecho de los trabajadores en la negociación colectiva y organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin injerencia de los patrones en las actividades sindicales. Tampoco hay protección uniforme en la elección de lideres sindicales mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores.

Hay fallas notables en la verificación por las autoridades laborales del gobierno de que la mayoría de los trabajadores apoyan a sus dirigentes, así como el contenido de los contratos colectivos y no hay, todavía, publicación en forma general de los contratos colectivos, sus documentos relacionados y la creación de un sitio web centralizado que permita su libre consulta como exige el Anexo 23A de Artículo 23 del T-MEC. En boletines pasados, ya se había advertido de la bomba de tiempo que esto significaba para Luisa María Alcalde, pero tal parece que en el gobierno de la autollamada 4T, no importa el conocimiento técnico ni la aplicación de los ordenamientos legales. Con estas deficiencias, seguramente perderemos en el próximo proceso de arbitraje internacional.