La violencia contra niñas y mujeres en México es una realidad abrumadora que persiste y derrumba los cimientos de la sociedad. Esta violencia, además de los actos en sí mismos, continúa en la impunidad que rodea a muchos -si no es que a la mayoría- de estos casos, exhibiendo una de las situaciones más preocupantes y desalentadoras de nuestro país: la falta de justicia para las víctimas de violencia, que desemboca en la falta de confianza ante un sistema penal que permite el hecho de que los perpetradores pueden salir impunes de sus crímenes. Esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene fuertes repercusiones en toda la sociedad, pues lleva a la fragmentación del tejido, donde desafortunadamente la división de algunos, hace la fuerza de otros. Por ello vale la pena que nos cuestionemos mucho más, no únicamente en el mes en que se conmemora a la mujer, acerca de la problemática tan grande que representa la impunidad en México, y sobre todo las acciones que día a día tenemos como ciudadanos, pero sobre todo como comunidad.
La impunidad en casos de violencia contra niñas y mujeres en México es una herida que parece no cicatrizar. Los datos son preocupantes, pues según cifras oficiales, cerca del 93% de los delitos en México no se denuncian o no se investigan adecuadamente. Este panorama no hace más que profundizar la sensación de vulnerabilidad entre las niñas y mujeres mexicanas, que son testigos de cómo sus derechos y su seguridad son ignorados sin que haya consecuencias significativas para los agresores. Aunque pareciera que la resolución es únicamente responsabilidad del sistema judicial, en realidad la impunidad es alimentada por una cultura arraigada de normalización y tolerancia hacia la violencia de género, en la cual la misoginia y el machismo juegan un papel muy importante, pues lamentablemente, siguen siendo una realidad en muchos sectores de la sociedad, lo que dificulta el reconocimiento de la gravedad y conduciendo más bien a la minimización de los delitos ejercidos contra niñas y mujeres. Esta mentalidad existe en todos los niveles de la sociedad, desde el hogar hasta las altas esferas del poder, y contribuye a la normalización de cualquier tipo de violencia, restándole importancia y legitimando la impunidad.
Uno de los principales obstáculos para combatir la falta de justicia en estos casos es, justamente, la falta de voluntad política y la corrupción que permea en muchas instituciones encargadas de impartirla. Los casos de negligencia, omisión e incluso complicidad de funcionarios públicos en la investigación y persecución de los delitos contra niñas y mujeres son demasiado frecuentes, cosa que no solo refleja la falta de compromiso y la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanas, sino que también envía un mensaje desgarrador que se grita día a día, y que refleja que la vida y la integridad de las mujeres no son prioridad en este país, que la violencia de género es aceptable, y que las mujeres son menos dignas de protección y respeto.
Aunado a esto, una sociedad cegada y poco empática enfatizan la necesidad de hacer notar la situación, pues es inconcebible que en pleno siglo XXI, cuando presumimos de avances en derechos humanos y progreso social, sigamos siendo testigos de atrocidades y nadie haga nada. Cada noticia de un femicidio o un caso de violencia de género debería ser una llamada de atención para nuestra sociedad, una advertencia de que algo está completamente mal y de que debemos tomar medidas urgentes y decisivas para abordar la epidemia de violencia que se vive en nuestro país. Cada adolescente que es asesinada, cada mujer que es víctima de violencia doméstica, cada niña que es secuestrada, cada caso nuevo que es presentado es una tragedia que deja cicatrices imborrables en la sociedad y que alimenta la herida que por años ha estado abierta en nuestro país, una herida que no ha dejado de sangrar.
Para combatir esta realidad es necesario que los 3 órdenes de gobierno planteen un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales como las prácticas cotidianas que la perpetúan, lo que incluye la implementación efectiva de leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres, así como la capacitación y sensibilización de funcionarios públicos en materia de género y violencia. Asimismo, es crucial proporcionar recursos y apoyo a las víctimas de violencia de género, es necesario implementar refugios seguros, asistencia legal y psicológica gratuita, así como una red de servicios de apoyo para ayudar a las mujeres y niñas a escapar de entornos peligrosos y reconstruir sus vidas; asi como también se requiere un cambio cultural que promueva la igualdad de género y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su sexo o preferencia sexual.
Erradicar la impunidad en casos de violencia contra niñas y mujeres en México es una responsabilidad compartida que necesita del compromiso y la acción de toda la sociedad; como individuos y como sociedad, debemos comprometernos a ser parte de la solución, esto implica no ser espectadores pasivos, sino actuar como aliados y defensores de los derechos de las mujeres y niñas en todas partes. Debemos estar dispuestos a desafiar la misoginia, la discriminación y la injusticia dondequiera que se manifiesten, pues solo cuando se garantice la justicia y se ponga fin a la impunidad podremos aspirar a construir un México donde todas las niñas y mujeres puedan desarrollarse adecuadamente, donde puedan ejercer plenamente sus derechos, donde puedan ser libres y vivir sin miedo; donde puedan vivir realmente y no solo sobrevivir.
