Noviembre 2022

Decanato de Ciencias Sociales

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Puntos importantes del proyecto de reforma:

1.- Se pretende substituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual sería la máxima autoridad electoral en el país, absorbiendo todas las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) -como lo es el Instituto Electoral del Estado de Puebla, por ejemplo-, por lo que éstos desaparecerían.

2. También se propone reducir el número de Consejeros Electorales, de 11 a 7.
3. Los Consejeros Electorales del INEC, según dicha reforma, se elegirían de la siguiente forma: El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos postularía a 20 personas de forma paritaria; la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión postularía a 10 personas; la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión postularía a 10 personas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación postularía a 20 personas. De entre esos candidatos postulados por los 3 Poderes, se sometería a votación popular la elección de quienes fungirían como los 7 Consejeros Electorales del INEC por un periodo de 6 años.

4.- El proyecto propone disolver los Tribunales Electorales de los Estados, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería el único facultado para dirimir controversias de naturaleza electoral.

5. Los 7 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían elegidos de la siguiente forma, para un periodo de 6 años: El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos postularía a 10 personas de forma paritaria; la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión postularía a 5 personas; la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, postularía a 5 personas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación postularía a 10 personas.
6. Asimismo, los Magistrados Electorales que integrarían las Salas Regionales Federales también serían elegidos popularmente mediante el voto directo y secreto por regiones.

7.- Se plantea retirar el financiamiento a los partidos políticos para gastos ordinarios y sólo se entregará financiamiento público para gastos de campaña. Los partidos políticos deberán sobrevivir a través de las aportaciones de sus militantes.

8.- También se promueve reducir las diputaciones y senadurías en los siguientes términos: se reducen de 500 a 300 las Diputaciones Federales. Desaparecerían las diputaciones por mayoría simple y por representación proporcional en 5 grandes circunscripciones, para que en su lugar se voten listas que postulen los partidos por cada entidad federativa, es decir, serían 32 pequeñas circunscripciones.

9. Se reduce de 128 Senadurías a 96, tres por cada entidad, eliminando a los Senadores de Representación Proporcional.

10.- Se pretende reducir el número de las Diputaciones Locales y de las Regidurías en Ayuntamientos.

11.- Se propone implementar el sistema de voto electrónico.

Comentarios sobre dichos puntos:

1. La desaparición de los OPLES y de los tribunales electorales estaduales permite advertir un centralismo electoral, impropio de una república federal. La integración de la consulta en el nombre del actual INE es interesante en principio, pero sólo es una atribución que queda implícita en sus funciones por lo que el cambio de nombre no tiene caso, además que esto implicaría un gasto excesivo en la modificación de toda la papelería, rotulación, rediseños, etc., lo que contraviene el principio que busca la 4T de reducir costos.
2. La reducción en el número de consejeros electorales nacionales y la desaparición de los OPLES significaría más carga de trabajo para la autoridad electoral nacional.
3. El proceso de elección directa en las urnas de los Consejeros Electorales del INEC no garantiza imparcialidad ni independencia, pues dependerá de la voluntad política del electorado; además, este proceso pasaría de ser un asunto técnico político (como es ahora) a uno eminentemente político, pues los electores no fijarán parámetros técnicos para decidir a quién otorgarán su voto. Al no existir órganos autónomos, la conformación del nuevo instituto no garantiza la imparcialidad y objetividad. Asimismo, los candidatos a consejeros podrían carecer de los elementos y los recursos para hacer sus campañas, por lo que podrían recurrir a los partidos. Por último, teóricamente, cabe la posibilidad de que los 7 consejeros sean electos a partir de los que presente el Presidente de la República.
4. La desaparición de los tribunales electorales en los estados es nuevamente un elemento preocupante de centralismo y significaría, además, una enorme carga de trabajo para los magistrados federales, pues, entre otras cosas debido a que muchas elecciones ya están homologadas en sus fechas de realización, se acumularía una enorme cantidad de recursos legales interpuestos por partidos y candidatos al término de los procesos electorales.
5. También estaría en manos de los electores la designación de quienes fungirían como los 7 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un proceso que debería ser técnico y no político partidista.
6. Este proceso de elección directa en las urnas de los de los magistrados regionales que impartirán justicia en materia electoral no garantiza imparcialidad ni independencia, pues dependerá de la voluntad política de los electores.

Al tratarse de órganos técnicos (INEC y Tribunal Electoral), debe prevalecer el principio de imparcialidad, conocimiento especializado y alta competencia profesional. Votar por los integrantes de ambos órganos no da garantías de lo anterior y abre la posibilidad de que gente no competente y sin los conocimientos requeridos, ni la capacidad de acuerdos y argumentación resulten electos. Además, al tener que hacer campaña los postulantes, se convierten en políticos profesionales, o bien serán militantes partidistas disfrazados de aspirantes imparciales.

Con dicha reforma electoral, al plantear disolver a los OPLES, a los Tribunales Electorales de los Estados y al establecer un INEC con órganos temporales, se prevé que la reforma producirá un ahorro anual de más de 20 mil millones de pesos, a cambio de una estructura endeble y temporal, en donde los consejeros y magistrados electorales serán elegidos por una voluntad política, como lo es la preferencia por el partido en el poder.  

7. El abuso que ha habido en el empleo de recursos por parte de los partidos no debe ser pretexto para eliminar el financiamiento público, sino que deben reforzarse los mecanismos de control y buscar una reducción –mas no desaparición- de ese financiamiento público, para evitar que dinero de la delincuencia organizada fluya hacia los partidos y candidatos. Al ser los partidos instituciones de interés público, debe garantizarse su existencia en el panorama político del país, bajo las condiciones que la ley marque y que no se presten a abuso.

El dinero público para apoyar el financiamiento de los partidos políticos tiene tres ventajas: 1) Es transparente y se conoce de dónde viene, no así el privado. 2) Sirve para equilibrar la competencia y evita grandes asimetrías. 3) Permite que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de los grupos delincuenciales.

Ha habido diferentes propuestas para reducir el dinero público para las actividades ordinarias de los partidos, una de ellas la de Pedro Kumamoto de "sin votos no hay dinero”, como funciona en muchos países democráticos. Se puede debatir la fórmula de asignar recursos y que en vez de padrón electoral se calcule sobre votación nacional emitida o votación válida emitida. 

La iniciativa del Presidente propone quitar el financiamiento ordinario, lo que representa un golpe durísimo a las finanzas de los partidos. El menos afectado sería el partido del Presidente, pues tiene en sus manos la repartición de recursos (legales o no) por medio de la distribución de dádivas. La pregunta al respecto es tramposa, pues todo mundo quiere que los partidos cuesten menos, sin reparar en las consecuencias de eliminar el financiamiento público. También si preguntáramos quién quiere pagar menos impuestos habría una respuesta similar.

8. El actual sistema electoral en México tiene la gran ventaja de ser segmentado, es decir, las cámaras de diputados están conformadas por diputados electos por el principio de mayoría relativa –que garantiza una elección directa y la cercanía del elector con su diputado- y por diputados de representación proporcional –equivocadamente llamados “plurinominales” o “pluris”-, que garantiza una representación lo más fiel posible de la correlación de fuerzas en el electorado. La existencia de diputados de representación proporcional alivia en parte la desproporción que la mayoría relativa provoca, pero consideramos que es positiva la existencia de este último sistema de representación, pues permite la elección directa de los candidatos y propicia la gobernabilidad.

La existencia de 32 circunscripciones pequeñas beneficiará a los partidos grandes y perjudicará a los pequeños (lo cual no es necesariamente malo), pero también puede fortalecer el peso de las cúpulas partidistas de los estados, que no son necesariamente proclives a procesos democráticos internos en la selección de sus candidatos y generalmente están bajo una fuerte influencia de los gobernadores. La representación proporcional por circunscripciones estatales atenta contra el federalismo y contra los poderes legislativos locales, fortaleciendo a los gobernadores y al partido mayoritario.

9. La reducción en el número de senadores, al eliminarse la figura del senador de representación proporcional, es positiva, pues no tiene sentido la existencia de “Senadores de lista”: al ser el senador un representante de su entidad federativa, ¿a qué entidad representan los senadores de lista?
10. En cuanto a la reducción de miembros de los congresos y de los cabildos, no debemos olvidar que un órgano deliberativo es más representativo si tiene más miembros por cierta cantidad de habitantes, pero también tiende a ser más eficiente si tiene menos. Aquí la pregunta, por lo tanto, sería: ¿Queremos congresos y cabildos más representativos o más eficientes? Sin embargo, dado que los diputados y regidores en México tienden a trabajar “siguiendo línea”, tenemos órganos deliberativos grandes, poco eficientes y costosos, por lo que podría ser sensato discutir la reducción de diputados y regidores.
11. En lo que atañe al sistema con voto electrónico, es importante que se tomen todas las medidas técnicas y legales para que no se preste a la manipulación o a la falta de transparencia. Bien analizado y operado, el voto electrónico aayudaría a reducir costos electorales y tiempos de respuesta, fortaleciendo la certidumbre en materia de resultados.
12. En cuanto al presupuesto y los supuestos ahorros, diremos que el recurso de los OPLE y de los Tribunales proviene de fondos estatales y es asignado en la Ley de Egresos de cada entidad. El gasto electoral (OPLE + Tribunal) es un porcentaje muy pequeño, pues más de la mitad del presupuesto electoral que los Congresos estatales aprueban se va a financiamiento de los partidos políticos.
13. Es importante destacar la postura de la “Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho” (Comisión de Venecia), que emitió el 24 de Octubre del 2022 una opinión técnica respecto del proyecto de reforma en materia electoral, sosteniendo lo siguiente: “68. Por ello, la Comisión de Venecia formula las siguientes observaciones y recomendaciones: a. Las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral. b. El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral (construidos de forma estricta o proporcional). Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña (presentarse como candidatos en las elecciones directas). c. La creación de un INEC altamente centralizado debería ser reconsiderada …”

Conclusiones:

1. La democracia moderna es, antes que nada, un tipo de régimen antitiránico, que busca prevenir la concentración de poder en las manos de una facción o, peor, un caudillo, a través de un sistema de divisiones y contrapesos. 
2. Una división fundamental, a este respecto, ha sido la creación de órganos autónomos constitucionales, entre los cuales el Instituto Nacional Electoral ocupa un lugar preeminente. El otrora IFE fue, durante muchos años, una de las instituciones que gozaban de mayor confianza entre la población. Tal es el profesionalismo de la institución que uno de sus consejeros, Alonso Lujambio, fue integrante del equipo que conformó el sistema electoral en Irak después de la guerra contra Estados Unidos. Igualmente, en cada elección, cientos de organizaciones nacionales e internacionales vigilan el actuar de la institución, y en ningún caso, desde su creación en 1990, se ha descalificado una sola elección; todo lo contrario: el IFE/INE ha sido siempre un referente de profesionalismo y transparencia a nivel internacional, siendo reconocido en numerosas ocasiones en el mundo entero.
3. El descrédito que quiere achacarse al INE hoy es resultado no de errores o supuestos fraudes, sino de una campaña de desprestigio orquestada por un grupo político que, en abierta contradicción, quiere hoy destruir la institución gracias a la cual fue posible la transición a la democracia y, por ende, la llegada de dicho grupo al poder. Lo que Morena quiere es apoderarse del manejo del padrón electoral, con lo cual pasaría a tener en sus manos los procesos electorales y a asegurar, así, su permanencia en el poder.
4. El recurso plebiscitario tiene límites claros. El sistema representativo funge no sólo como un principio pragmático, permitiendo concentrar voluntades en electorados masivos, sino como un sistema de mediaciones a través de las cuales se previene la llamada tiranía de la mayoría. El plebiscito tiene un carácter fundacional, constituyente, y por ende no puede ser utilizado para todas y cada una de las decisiones políticas. La idea de abrir el nombramiento de jueces o consejeros a voto directo abre la posibilidad de tener instituciones lideradas por caudillos carismáticos antes que por expertos en la materia. Hay cargos técnicos que no pueden someterse a la votación popular, como los magistrados, miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, los diplomáticos, los jefes militares, los consejeros electorales, etc. 
5. La designación de jueces y consejeros no debe ser, de acuerdo con el punto anterior, un proceso político-electoral, sino técnico-político. De hecho, no hemos escuchado de parte de los representantes de la 4T, incluyendo al Presidente de la República, observaciones sobre fallas concretas en el procedimiento actual de selección de jueces y consejeros.
6. La representación por mayoría relativa y la representación proporcional se complementan políticamente; ese es la razón de tener un sistema “segmentado”, como el actual, que ha demostrado que funciona bien. Si nos quejamos de la democracia interna de los partidos, se trata de un asunto que no tiene que ver directamente con el sistema de representación, por lo que estamos a favor de conservar el sistema segmentado.
7. Si se busca que desde la Ciudad de México se realicen todos los procesos electorales del país, pronto podría haber una propuesta de reforma para que desaparezcan los gobiernos estatales y los congresos locales con el pretexto de tener menos burocracia. Ya estaríamos a un paso de la proclamación de la República Central.
8. Eliminar o transformar todas las autoridades electorales a menos de un año de empezar el proceso electoral federal es desventurado y pone en riesgo la estabilidad, viabilidad y credibilidad de los comicios.
9. La reforma propuesta quiere, en esencia, fortalecer e incrementar la centralidad y hegemonía del Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente, frente al resto del entramado institucional de nuestro país.
10. Si la iniciativa de reforma es aprobada en sus puntos más importantes, estará en franco peligro nuestra democracia y nuestro sistema de libertades. Recordemos que se requiere de mucho trabajo y tiempo para fundar y consolidar la democracia y el conjunto de instituciones que la acompañan en un Estado de Derecho. Por el contrario, eliminarla puede resultar muy fácil si los ciudadanos no lo impedimos; de ello nos lamentaremos largo tiempo.