Restablecer la confianza ante ahorradores y comunidad internacional, reto principal ante reciente episodio sobre presunto lavado de dinero de instituciones financieras mexicanas

Mientras Estados Unidos conmemora el día de su independencia, las recientes declaraciones del Departamento del Tesoro de dicho país encendieron las alertas económicas y financieras en México. El pasado 25 de junio, la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU., identificó a tres instituciones mexicanas —Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como presuntas vías para el traslado de recursos asociados al tráfico de opioides.

Este señalamiento obliga a entidades financieras estadounidenses a cortar vínculos operativos con las instituciones mexicanas implicadas, esto en un plazo de 21 días. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado asegurando mantener colaboración con el gobierno estadounidense, y solicitó pruebas concretas de las acusaciones, mismas que hasta ahora no han sido entregadas.

De acuerdo con Óscar Salomón Castañeda Lozada, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UPAEP, la reacción del gobierno mexicano fue oportuna. En cumplimiento del Artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la intervención de las instituciones señaladas, publicada el 26 de junio en el Diario Oficial de la Federación. “Se designó un administrador cautelar que sustituye al consejo de administración. Este puede autorizar erogaciones y suspender operaciones que pongan en peligro la estabilidad o liquidez de la institución”, explicó el académico.

Salomón Castañeda aclaró que no se suspenden operaciones generales, y subrayó que las instituciones señaladas representan apenas poco más de 1% del total de activos del sistema bancario nacional. Por tanto, no existe un riesgo sistémico, aunque sí hace que se enciendan las alertas para fortalecer la vigilancia financiera. Además, recordó que la Ley de Protección al Ahorro Bancario garantiza hasta 400 mil UDIS (aproximadamente 3 millones de pesos) por persona, lo cual brinda seguridad a los ahorradores ante cualquier eventualidad.

Castañeda Lozada consideró que este episodio debe asumirse como una oportunidad institucional para México: “no es momento de entrar en confrontaciones, hay que demostrar que nuestras autoridades —como la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera— también investigan, actúan y poseen datos para cooperar con sus homólogos estadounidenses”, afirmó.

Resaltó que el reto principal es restablecer la confianza, no solo ante el público ahorrador, sino también ante la comunidad internacional. Ello implica mejorar la colaboración binacional, evitar fugas de información y prevenir el uso de instituciones por grupos delictivos. “No estamos hablando solo de instituciones financieras. Estas redes pueden involucrar a individuos poderosos, incluyendo políticos y empresarios. Por eso es tan importante la rendición de cuentas sin distinción”, advirtió.

Ante las dudas sobre créditos o inversiones con las instituciones señaladas, el Dr. Salomón Castañeda fue claro: “Tener un crédito con estas instituciones no exime al ciudadano de su responsabilidad. Los contratos siguen vigentes. Y si hay alguna suspensión temporal en servicios —como ocurrió con Visa— las personas pueden acudir a su banco para resolverlo. El sistema de pagos continúa operando”.

El experto de la UPAEP también advirtió que no se descarta que otras instituciones o intermediarios estén bajo investigación: “en México operan 52 bancos, y las tres instituciones señaladas tienen bajo volumen de activos, lo que puede hacerlas más susceptibles a ser captadas por intereses ilícitos. Pero no son necesariamente las únicas bajo observación”, explicó.

Durante su intervención, Castañeda Lozada reflexionó sobre el futuro del sistema financiero nacional, proponiendo tres pilares esenciales: solidez institucional, transparencia operativa y rendición de cuentas. “Nuestro país ha reconstruido su sistema financiero después de severas crisis en la década de 1980, así como en el año 1994. Pero aún hay mucho por hacer. Necesitamos consolidar un modelo que no solo reaccione, sino que se anticipe a los riesgos”, sostuvo.

Asimismo, fue claro sobre lo que atrae inversión extranjera: “el capital no llega a donde hay incertidumbre. La inversión se siente cómoda donde hay certeza jurídica, cumplimiento regulatorio y supervisión eficaz. México debe ofrecer claridad y responsabilidad”, enfatizó.

Tecnología financiera: ¿aliada o amenaza?

Sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en los procesos financieros, el profesor explicó que ha revolucionado la manera de detectar movimientos inusuales: “el volumen de transacciones es inmenso. La IA permite detectar anomalías en tiempo real, lo que hace más eficaz la vigilancia. Pero como toda herramienta, puede usarse mal. Por eso se necesitan mecanismos de contrainteligencia y regulación ética”, puntualizó.

Un llamado a la corresponsabilidad, concluye

Para cerrar, el Dr. Castañeda hizo un llamado claro a todas las partes involucradas: “proteger nuestro sistema financiero no es solo tarea del gobierno. Es tarea compartida de ciudadanos, empresarios, inversionistas, medios y autoridades. Nuestro sistema ha costado mucho trabajo construirlo. No podemos permitir retrocesos”.

En un contexto internacional complejo, México tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de mostrar su capacidad para reaccionar con integridad, colaborar con inteligencia y avanzar con firmeza hacia un sistema financiero cada vez más sólido, transparente y confiable.