El presidente Trump no conoce el descanso. Tiene al mundo en vilo incluso desde antes de asumir el poder en enero pasado. Los días recientes han estado marcados por las movilizaciones, en ocasiones violentas, en rechazo a su política migratoria, particularmente en Los Ángeles. Todo parece indicar, ante el permanente declive de su popularidad, que Trump se quiere sostener del tema que más aceptación encuentra entre sus votantes: el problema migratorio, propiciado por la enorme cantidad de personas que viven en Estados Unidos y que no tienen en orden sus papeles de migratorios. En realidad, cada país es libre para ordenar y reglamentar el ingreso de personas provenientes de otros países, pero esto tiene que ser tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona humana, lo cual no parece preocupar de ninguna manera a las autoridades federales estadounidenses.
El envío de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas regulares (como la Infantería de Marina y el Ejército) al estado de California es extraordinario por dos razones: en primer lugar, porque no se acostumbra en los Estados Unidos movilizar a estas instituciones para repeler o apaciguar manifestaciones ciudadanas; y, en segundo lugar, porque lo hizo sin consultar al gobernador del estado. Al parecer, lo que le interesa a Trump no es reprimir las protestas empleando el poderío de la Guardia Nacional (GN) y de las fuerzas armadas regulares, sino mostrarles a los gobernadores del país que él es quien tiene el poder y la determinación de emplear a la fuerza militar para someter a los gobiernos locales que no se apeguen a las leyes federales.
Es normal que en un Estado federal existan tensiones entre el nivel estadual y el federal; para eso, por ejemplo, sirve el poder judicial: para determinar quién tiene la razón cuando hay controversias. En el caso de California, el gobierno del estado (en manos del demócrata Gavin Newsom) no está de acuerdo con algunas medidas de carácter migratorio del gobierno federal, como, por ejemplo, si es legal que la policía pueda ingresar a un centro de trabajo y detenga a quien considere necesario sin tener previamente una orden de aprehensión. El gobierno de California, como también es el caso en otros estados de la Unión, tampoco está de acuerdo con el envío de la GN, pues no se puede justificar con la existencia de una situación de crisis en el estado ni en el país.
La GN fue fundada en 1903 como una milicia que puede ser desplegada al servicio de los estados miembros de la federación, del Distrito de Washington y de algunos otros territorios estadounidenses, como Puerto Rico. La GN es, a la vez, un componente de la reserva militar de las fuerzas armadas. Los miembros de esta milicia son en su mayoría voluntarios, por lo que no es fácil mantenerlos en operaciones prolongadas que los alejen de sus labores cotidianas familiares y profesionales. El comandante de la GN en cada estado es el gobernador respectivo, si bien se actúa de manera muy estrecha con las fuerzas armadas (federales) y con el congreso local. Esto se debe a que, en determinadas circunstancias, con la aprobación del poder legislativo local y del gobernador, el gobierno federal puede echar mano de la GN respectiva, pero siempre que la situación de crisis amenace con agotar las capacidades de respuesta de las autoridades locales. Hay que subrayar que el derecho a poseer milicias propias por parte de los estados miembros de la federación está anclado en la Constitución estadounidense.
En Estados Unidos, los estados normalmente son los responsables de la GN respectiva. Sin embargo, el presidente Trump ha asumido el mando de la GN en California, invocando una disposición legal que permite al presidente tomar el control de la Guardia Nacional en caso de "rebelión o amenaza de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos". El equipo de la Casa Blanca argumenta que las protestas contra los funcionarios de inmigración constituyen una rebelión contra el gobierno federal. El gobierno de Newsom consideran que el control de los desórdenes debería seguir en manos del gobierno local, que nunca se vio rebasado; en todo caso, si se hubiera deseado la intervención de la GN, debería estar bajo las órdenes del gobernador.
Lo curioso aquí es que Trump ha dicho que el asalto al Capitolio por parte de sus huestes en enero de 2020 fue una “contribución al discurso político”, por lo que no sé en dónde vea la diferencia con las manifestaciones en California. Sin embargo, estas acciones de protesta son prácticamente la única razón que tiene Trump para justificar su intervención en ese estado por medio de la GN. Como generalmente ocurre en la historia de los EE. UU., la GN sólo se despliega en casos de catástrofes naturales, como inundaciones o incendios forestales, pero no para reprimir las protestas de la población propia. La intervención del ámbito federal para apoyar al estadual se origina en el llamado “principio de ayuda federal”, que obliga al ámbito superior (el federal) a ayudar subsidiariamente al ámbito inferior (estadual), en caso de que este no se encuentre (ya) en condiciones de solucionar los problemas ateniéndose a sus capacidades propias. Al intervenir Trump en contra de la voluntad del gobierno californiano, está violando y pervirtiendo dicho principio. Además, al ser California un estado mayoritariamente demócrata, parece cumplir condiciones para que Trump haga escarnio de las autoridades, tildándolas, como ya es costumbre, de inútiles.
Lo que Trump parece estar buscando con estas medidas extremas y quizá anticonstitucionales, es demostrarles a todos los gobernadores que es él, Trump, quien tiene los hilos del poder en la mano y que es el único que toma decisiones. El presidente está rompiendo los equilibrios que distinguen a un régimen democrático de uno no democrático (de manera horizontal), como también con aquellos que distinguen a una república federal de una unitaria (de manera vertical). Los fundadores de los Estados Unidos tuvieron mucho cuidado para evitar la concentración del poder; de ahí la idea del federalismo como forma de Estado (por lo tanto, con muchos centros de decisión) y de la república como forma de gobierno (para limitar el poder del “monarca” a sólo cuatro años). El espectáculo que ahora estamos viendo es, por lo que parece, la destrucción de los pesos y contrapesos tanto verticales como horizontales y el mensaje fuerte y contundente: “Aquí (solamente) mando yo”.
Con todo esto, no solamente estamos asistiendo a la demolición del Estado de Derecho, sino del federalismo estadounidense, el más antiguo del mundo, pues está mostrando que puede intervenir en los estados y hacer a un lado a los gobiernos locales. Con esto está atacando abiertamente a la autonomía estadual (que no es soberanía, como les gusta a los políticos mexicanos decir) y colocando al ámbito federal como el gran poder supremo. Si además pensamos en que el sábado 14 de junio se celebrará en Washington un gran desfile militar (cosa que no es costumbre gringa), precisamente en la fecha en la que se celebra el cumpleaños de Trump, nos vienen a la mente elementos que son propios de regímenes no democráticos: culto a la personalidad, debilitamiento de las instituciones, realce del aparato militar, sobajamiento de los estados de la federación, control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ataques a la libertad de expresión, resaltar medidas drásticas para “imponer el orden”, infundir miedo a la población (ya no es migración, sino invasión), pronunciar abiertamente amenazas contra los detractores, centralización aguda de la toma de decisiones, la instrumentación de los poderes del Estado para eliminar o atemorizar a los adversarios, etc. En resumen: quien toma las decisiones en este país es el presidente Trump, y nadie más.
Esto quiere decir que Trump persigue dos objetivos: el primero, controlar las protestas de los manifestantes; el segundo, enterrar la división horizontal de poderes en los Estados Unidos. Está buscando algo que ya trató de hacer en su primer periodo de gobierno: poder disponer de las fuerzas armadas para desplegarlas en donde le parezca necesario. En ese primer periodo no pudo hacerlo porque el entonces Secretario de Defensa, Mark Esper (si la memoria no me falla) se negó a poner a disposición del presidente las tropas para enfrentar las protestas populares que habían estallado con motivo de la violencia racial policiaca. En esa ocasión, las fuerzas armadas no fueron empleadas porque no había una base jurídica que lo permitiese y porque se consideró que enfrentarse a los manifestantes era una tarea de fuerzas de policía, no de fuerzas militares.
Pero ahora, ya sin adultos en el gabinete presidencial, Trump puede hacer lo que quiera porque nadie le dirá que no. Cada vez que requiera imponer una ley federal y algún estado se defienda en los tribunales o en las calles, Trump podrá mandar a la GN y a las tropas para meterlo al orden. Así que, esta vez, la política migratoria es la excusa que justifica la intervención federal, la próxima puede ser una ley en materia energética, de salud o fiscal. Trump podrá entonces gobernar prácticamente en todos lados, sin pesos ni contrapesos, y apoyándose para todo en las fuerzas armadas. ¡Cómo se parecen los tiranos!
