^{El problema de la inmigración en los Estados Unidos es complejo, genera problemáticas sociales, genera abusos y violación de los derechos humanos del inmigrante y los países receptores tienen una gran responsabilidad de gestionar adecuadamente esos flujos y generar políticas para la integración de los mismos inmigrantes.}

El Título 42, procedimiento migratorio que Estados Unidos activó en marzo de 2020 cuando Donald Trump todavía era presidente, el objetivo que perseguía esta propuesta era el de facultar a las autoridades migratorias de la Unión Americana para realizar expulsiones “fast track” de migrantes indocumentados.

El uso político de la migración y el uso electoral que hacen muchos políticos en los Estados Unidos se da por diferentes razones, en primer lugar, la migración indocumentada, permite a muchos políticos o funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, adjudicar al flujo migrante problemas públicos como falta de empleo, inseguridad o falta de servicios y eludir de ese modo la responsabilidad que las autoridades locales deben asumir con sus sociedades, señaló Derzu Daniel Ramírez Ortiz, Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UPAEP.

“Muchas veces tratan de convertir al flujo migrante indocumentado como un chivo expiatorio para cubrir sus propias fallas como gobiernos. Además de que la retórica antinmigrante les permite aglutinar a sus bases de votantes que comparten esas percepciones distorsionadas y falsas sobre el impacto de la inmigración”.

De igual forma, recordó que Greg Abbott, gobernador de Texas, está utilizando esta problemática migratoria como un uso político, de cara a la búsqueda de su reelección en noviembre próximo.

Agregó que los discursos como los del gobernador de Texas, no sólo estigmatizan a la migración, sino que también es un discurso que deposita enteramente a los países expulsores la responsabilidad de abordar el problema como si los países de destino no tuvieran también una responsabilidad compartida en abordar el problema de los inmigrantes indocumentados.

Dijo que es necesario que el problema de la inmigración en los Estados Unidos se vea como un problema complejo que genera problemáticas sociales, que genera abusos y violación de los derechos humanos del inmigrante y en el cual los países receptores tienen una gran responsabilidad de gestionar adecuadamente esos flujos y de generar políticas para la integración de los mismos inmigrantes.

La justificación pública que dio la autoridad estadounidense de ese Título 42 fue que era una medida importante para impedir el contagio masivo de enfermedades que podían ser portadas por los inmigrantes que podrían llegar a territorio estadounidense y más, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Dijo que realmente nunca se comprobó la eficacia en términos sanitarios de dicha medida y por ende la medida pareció políticamente rentable pues iba como parte del discurso del presidente de los Estados Unidos en su momento.

Abundó que en marzo de este año, dos cortes federales de los Estados Unidos, declararon restricciones del uso de Título 42, señalando que ese procedimiento de expulsar de manera expedita a inmigrantes indocumentados violaba las propias leyes migratorias de los Estados Unidos y sobre todo, las leyes de asilo y las convenciones internacionales en la materia.

Señaló que bajo el Título 42, más de 1.7 millones de migrantes indocumentados han sido expulsados de Estados Unidos sin importar que muchos de ellos tuvieron razones para buscar asilo o refugio.

Indicó que gran parte de los inmigrantes expulsados han sido de origen mexicano, y después del resolutivo de las cortes federales de darse por terminado el Título 42, el gobierno del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, aprovecha esas decisiones jurídicas para anunciar la terminación de las expulsiones bajo el Título 42 para finales del mes de mayo del presente año y que le han generado críticas, resistencia y tensiones por parte de demócratas más moderados que ven como peligroso que se termine con la aplicación del Título 42 y al igual de las reacciones de los republicanos que no aprueban dichas decisiones y a partir de esta situación es que se están presentando las actuales declaraciones del Gobernador de Texas Greg Abbott, quien manifestó su voluntad de declarar una invasión contra Texas por la creciente llegada de migrantes y ante esa situación sus asesores jurídicos argumentan que las fuerzas estatales del estado de Texas, sean facultadas para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Ramírez Ortiz refirió que Texas siempre se ha caracterizado por ser un estado con un ambiente social de mucho rechazo hacia la inmigración mexicana y latinoamericana y también se ha caracterizado por ser un estado con leyes y políticas antinmigrantes muy severas.

Advirtió que Texas en estos momentos está enfrentando un flujo considerable de inmigrantes empobrecidos que buscan mayores oportunidades económicas, que persiguen la dignificación familiar en algunos casos o que escapan de sus lugares de origen en donde hay violencia o amenazas a su propia seguridad.

Subrayó que la declaración del gobernador Greg Abbott, está distorsionando la realidad desde un proceso social complejo como es la inmigración transnacional y en consecuencia, estas declaraciones se deben entender dentro del contexto estadounidense, en donde la inmigración indocumentada se ha convertido en un tema de polarización social, de politización partidista y en un tema recurrente y candente para la sociedad norteamericana.