^{Aunque la reforma pretende agilizar la impartición de justicia, existen dudas sobre su ejecución; la elección directa de jueces plantea interrogantes sobre la viabilidad y los costos del proceso, así como el riesgo de que los candidatos se vean influidos por intereses partidistas.}
UPAEP organizó un panel académico que abordó la reciente Reforma Judicial en México el 25 de septiembre, con el propósito de generar un espacio de reflexión sobre las implicaciones de la Reforma Judicial, aprobada recientemente.

El evento contó con la participación de expertos en derecho y ciencia política como el Dr. Juan Pablo Aranda, Director de Formación Humanista; la Mtra. María del Rosario Andrade Gaviño, Coordinadora Académica del Instituto Promotor del Bien Común (IPBC); el Mtro. Roberto Llaca Herrera, profesor de la Facultad de Derecho; y Alma Estrella Pérez Montelongo, estudiante de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, quienes debatieron sobre las transformaciones clave en el sistema judicial y su impacto en la vida política del país.

La conversación se centró en cómo los cambios afectan la estructura del Poder Judicial y su relación con otros poderes del Estado. Los expertos abordaron los retos y las oportunidades que esta reforma plantea para el sistema democrático mexicano, poniendo énfasis en la necesidad de evaluar críticamente su implementación.

La Reforma Judicial introduce modificaciones significativas en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, impulsando elecciones populares en lugar de nombramientos tradicionales. Este cambio ha generado debate sobre la politización del sistema judicial, dado que ahora los ciudadanos, respaldados en gran medida por partidos políticos, jugarán un papel más activo en la designación de autoridades judiciales.

Otro de los puntos álgidos fue la implementación de la figura de los “jueces sin rostro”, quienes podrán emitir sentencias de manera anónima en casos relacionados con la delincuencia organizada. La medida, aunque busca proteger la seguridad de los jueces, genera inquietud por la posible falta de transparencia y el riesgo de vulnerar derechos humanos en el proceso.

Los panelistas también señalaron que, aunque la reforma pretende agilizar la impartición de justicia, existen dudas sobre su ejecución. La elección directa de jueces plantea interrogantes sobre la viabilidad del proceso y los costos asociados a su implementación, así como sobre el riesgo de que los candidatos se vean influidos por intereses partidistas.

Se resaltó la importancia de asegurar que las reformas garanticen un marco legal que proteja los derechos humanos y evite que el poder judicial se politice. Los panelistas coincidieron en que, si bien algunos aspectos de la reforma son positivos, como la intención de democratizar la justicia, otros podrían debilitar la autonomía y profesionalización del Poder Judicial.

El evento concluyó con un llamado a la sociedad y a la comunidad académica para seguir atentos a los efectos de la Reforma Judicial. Se enfatizó la importancia de la participación ciudadana en los procesos democráticos y la necesidad de exigir transparencia en la implementación de estas reformas.

Los panelistas coincidieron en que solo con un seguimiento riguroso y un debate informado se podrá garantizar que los cambios contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho y no a su debilitamiento.