El 20 de julio de este año el representante comercial estadounidense (USTR) solicitó la activación del mecanismo de controversias del capítulo 31 del TMEC. 

El USTR reclama que diversas acciones regulatorias y de política pública en materia energética por parte de México, muchas de ellas legalizadas en la reformada Ley de la Industria Eléctrica, violan el principio del Trato Nacional establecido en el tratado, así como otras disposiciones. Esto al discriminar a las empresas estadounidenses del ramo energético para favorecer a los monopolios estatales de la energía, CFE y PEMEX en cuestiones de despacho eléctrico y comercialización de combustibles. 

Las autoridades canadienses establecieron oficialmente estar de acuerdo con las reclamaciones de sus homólogos estadounidenses y afirmaron que activarán su propio mecanismo.  

Ante tal reclamación, el presidente mexicano anunció que el 16 de septiembre, fecha altamente simbólica para la nación mexicana, fijará la postura oficial sobre el asunto. Pero adelantó que “no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”.

¿Cómo se explica esto? A partir de que la exaltación de la autonomía de México frente a las potencias económicas, ha sido una de las principales banderas discursivas de la política exterior del gobierno en turno. Además, para el presidente mexicano, una prioridad programática es asegurar el monopolio del estado mexicano en el sector energético. En este aspecto, seguramente calcula que, politizar la reclamación estadounidense, le puede ser redituable en términos de política doméstica.

Si esta postura continúa, la etapa de consultas, que es la primera etapa del mecanismo de solución de controversias, terminará a mediados de octubre sin que las autoridades de ambos países lleguen a un acuerdo negociado.

Si lo anterior ocurre, en abril del año 2023, el panel de arbitraje (segunda etapa del mecanismo) emitirá su veredicto. Al respecto, de acuerdo a resoluciones similares en otros casos, México tiene altas posibilidades de ser encontrado culpable de transgredir la normatividad del TMEC con sus acciones y regulaciones del sector energético.

El capítulo 8 del TMEC que reafirma el dominio de los países sobre sus hidrocarburos y su derecho soberano de regularlos, en ningún momento faculta a las partes a transgredir la libre competencia. Y por lo que se ve, el texto de este corto capítulo que muchos especialistas consideran redundante, es la fuente de confianza de que México saldrá bien librado del arbitraje. 

En caso de que el panel de árbitros favorezca a Estados Unidos, México tendría 45 días para erradicar las prácticas que el panel definió como violatorias del tratado (tercera etapa del mecanismo). Esto involucraría, entre otras cosas, armonizar la Ley de la Industria Eléctrica con el TMEC. En caso de que México no lo haga, lo cual es probable, Estados Unidos podría imponer aranceles por una cantidad similar al daño económico provocado por México. De acuerdo con la reclamación del vecino del norte, los daños a sus empresas rebasan los 10 mil millones de dólares, monto cinco veces mayor a las remesas que captó Puebla en 2021. 

Si dicho escenario se materializa, en la segunda mitad del 2023 veríamos a los Estados Unidos imponiendo aranceles, cuidadosamente seleccionados, para imprimir el máximo daño a sectores sensibles de la economía mexicana y así tratar de forzar las adecuaciones en la política energética mexicana. 

Por lo anterior, ojalá que la cordura se haga espacio y este 16 de septiembre no escuchemos ningún referente a la controversia con los EEUU  — este texto que se escribió el 12 de septiembre podrá leerse en la semana del 19 de septiembre — o en su defecto escuchemos que, por el bien de la nación, se ha llegado a un arreglo mutuamente benéfico. Eso sería una mejor forma de defender nuestros intereses y nuestra soberanía económica. Esto último lo resalto ya que las empresas paraestatales mexicanas, son más ineficientes y contaminantes en comparación con diversas empresas privadas tanto nacionales como extranjeras. 

En otras palabras, el riesgo de enfrentar aranceles estadounidenses con el objeto de garantizar que los mexicanos consuman electricidad e hidrocarburos más caros y contaminantes, es una forma extraña, por decir lo menos, de defender la soberanía.